Un presunto “faenón” con un perjuicio económico de más de S/ 760 mil soles se perpetró en el Proyecto Especial Integral Majes Siguas — Autodema. Sucede que la Contraloría General de la República (CGR), a través de su Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 026-2025-2-0617-AC, desveló una red de graves irregularidades, omisiones e ilícitos penales en la ejecución de una obra crucial para el desarrollo agrario.
Se trata del proyecto denominado «I etapa de mejoramiento del servicio de apoyo al desarrollo productivo Agrario de la cadena de valor de la uva en el área de influencia del Proyecto Especial Majes Siguas», con un costo total que se elevó a S/ 2,722,564.14. No obstante, la auditoría determinó un perjuicio económico directo ascendente a S/ 760,211.18. Que se generó por dos observaciones principales relacionadas con la elaboración del expediente técnico y la contratación y ejecución de la obra.
Expediente mal hecho
El proceso central que desencadenó las observaciones recae sobre la Adjudicación Simplificada n.º 26-2023-GRA-AUTODEMA. Y es que, inicialmente, se constató que el expediente técnico del proyecto fue elaborado y aprobado a pesar de incumplir los términos de referencia.
El costo de este expediente defectuoso fue de S/ 45 mil. Monto que la unidad contralora determina como el primer perjuicio, pues se pagó por un producto que no cumplió con los estándares mínimos de calidad y legalidad exigidos. El proyectista, Jesús Gorky Moya Sanizo, elaboró el legajo sin considerar principios básicos de diseño y con un estudio de suelos ajeno al área de la obra.
Por su parte, el evaluador del proyecto, José Luis Bellido Marrón, es señalado por emitir opinión favorable a pesar de las graves fallas que comprometieron la sostenibilidad de la obra. La consecuencia más grave de esta observación es el riesgo de que la obra misma no pueda ser técnicamente sostenible en el tiempo. Lo que pone en peligro la inversión total, debido a una planificación inicial nula o deficiente.
Al postor más caro
La segunda irregularidad —que incluso linda con la corrupción— es la más compleja y la que generó el grueso del perjuicio económico de S/ 715,211.18. Y que abarca desde la selección del contratista y supervisor hasta la ejecución de los adicionales de obra que fueron completamente irregulares.
Según el ente de control, el Comité de Selección—integrado por Ydelfonso Jorge Palma Cruz (presidente), Víctor Jesús Rivera Alfaro y José Alexandro Flores Condori—cometió un grave error al no admitir y descalificar indebidamente ofertas más económicas de postores como Alfarus Contratistas Generales S.C.R.L., Consorcio Misti, Consorcio Majes Siguas y Econysur S.R.L. Estos privados sí cumplían con las bases, pero no fueron considerados.
Así, el comité otorgó la buena pro al postor que presentó la oferta más alta. Se trata de la empresa Corporación B&V Construcciones S.A.C., por un monto de S/ 2,407,377.26. Esta decisión generó una diferencia de precio injustificada de S/ 231,607.46 con respecto a las ofertas que debieron ocupar el primer lugar. Lo que se traduce en un gasto innecesario para el Estado y un claro favorecimiento que debe ser investigado penalmente por presunta colusión.
Todo mal
Las irregularidades continuaron con la contratación de la supervisora de obra, Kelly Milagros Abado Chávez, contratada mediante orden de servicio n.º 0000148. Se le permitió acreditar el perfil requerido con el currículum vitae de otra persona, a pesar de no cumplir los requisitos establecidos.
La supervisora contratada incurrió en la prohibición de subcontratar para prestar el servicio. Esto en favor de Ramiro Gonzalo Zea Linares (quien no tenía vínculo con la entidad), e incluso utilizó la figura de una supuesta empresa inexistente, ZC COMPANY.
Funcionarios como Álvaro Marco Cavero Llerena (Gerente de Desarrollo Económico y Gestión Territorial) y José Iván Sardón Rubin de Celis (Subgerente de Desarrollo y Competitividad) permitieron y facilitaron esta subcontratación y la prestación de un servicio deficiente o no prestado. A pesar de la falta de cumplimiento del servicio, los funcionarios de AUTODEMA procesaron y ejecutaron el pago a la supervisora. Esto ocasionó un perjuicio económico adicional de S/ 19,963.34 por estos servicios.
Además, la auditoría reveló que los trabajadores de la entidad involucrados en el proceso, en coordinación con la supervisora, omitieron aplicar penalidades a la empresa contratista, Corporación B&V Construcciones S.A.C., por retrasos e incumplimientos durante la ejecución de la obra.
Omitieron penalidades
Esta omisión evitó penalidades por un monto total de S/ 299,727.49, que incluye el límite máximo de penalidad por mora de S/ 240,737.73. Penalidades de la valorizaciones por S/ 2,407.38, y otras penalidades no cobradas por S/ 56,582.38. Además, se efectuó el pago de S/ 725.44 por una partida de señalización de seguridad y evaluación que nunca fue ejecutada.
Adicionalmente, se aprobó un adicional y dos ampliaciones de plazo sin contar con la necesaria certificación presupuestal, un requisito indispensable. El adicional incluyó partidas sin sustento técnico e incumpliendo la normativa por un monto de S/ 163,187.45, generando un pago ilegal.
El Inspector de Obra, Diego Armando Quispe Rodríguez, es responsable de aprobar valorizaciones sin el avance real. Además de no aplicar las penalidades mencionadas y de visar la ampliación de plazo y el adicional sin sustento técnico ni presupuestal.
La participación del gerente
La responsabilidad jerárquica recae directamente sobre el actual gerente ejecutivo de AUTODEMA, Duberly Omar Otazú García, por su condición de titular del pliego y máxima autoridad administrativa durante el periodo en qué ocurrieron estas irregularidades.
Precisamente, el funcionario es señalado con responsabilidad penal por viabilizar el compromiso y pago de las partidas cuestionadas, especialmente aquellas vinculadas al adicional de obra y ampliaciones de plazo. Las que se aprobaron sin el sustento legal y presupuestal requerido. Su acción, al emitir la Resolución de Gerencia Ejecutiva n.º 322-2024-GRA/PEIMS-GE-OAJ, obligó a la entidad al pago sin respaldo financiero, permitiendo la evasión de penalidades.
También está involucrada Delia Tatiana Amado Osorio, jefa encargada de la Oficina de Planificación y Presupuesto. De acuerdo con la Contraloría, emitió un oficio indicando una disponibilidad presupuestal para el contrato principal, permitiendo que con ese documento se aprobara la adenda de obra sin la certificación correspondiente.
Todos los responsables
El informe de auditoría concluye que las irregularidades fueron el resultado de la acción u omisión de 12 funcionarios y servidores públicos, quienes ocuparon cargos estratégicos en la Gerencia Ejecutiva, Unidad de Logística y Servicios, y la Oficina de Asesoría Jurídica. El ente de control calificó estas conductas como indicios de responsabilidad administrativa funcional y con potencial implicancia civil y penal, abriendo la puerta a investigaciones por posibles delitos como la colusión Agravada o negociación Incompatible, dada la concertación para favorecer a contratistas y el manejo irregular de fondos.
Entre ellos figuran el proyectista Jesús Gorky Moya Sanizo y el evaluador del expediente técnico José Luis Bellido Marrón, ambos con presunta responsabilidad civil por los perjuicios ocasionados al Estado. También se identificó al Ydelfonso Jorge Palma Cruz, presidente del comité de selección, con presunta responsabilidad administrativa, funcional y penal; al igual que José Alexandro Flores Condori y Robert Salcedo Huamani, quienes además habrían intervenido en la contratación y supervisión del proceso.
Otros funcionarios como Víctor Jesús Rivera Alfaro, Álvaro Marco Cavero Llerena, Delia Tatiana Amado Osorio, Diego Armando Quispe Rodríguez y Duberly Omar Otazú García afrontan responsabilidad administrativa funcional y penal; mientras que Kelly Milagros Abado Chávez, en calidad de supervisora de obra, posiblemente será investigada penalmente.
Finalmente, el órgano de control notificó al Gobierno Regional de Arequipa, a fin de que remita el Informe de Auditoría al Procurador Público para el inicio de las acciones legales que permitan el deslinde de responsabilidades y la recuperación de los S/ 760,211.18 en perjuicio económico, además de sancionar a los 12 responsables por sus graves faltas a la función pública.
