La relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, se reunió en Lima con el fiscal José Domingo Pérez y alertó sobre los riesgos que enfrentan fiscales y periodistas que investigan casos de corrupción. En un pronunciamiento público, reiteró su “seria preocupación” por los actos de intimidación y hostigamiento que —según denuncias— afectan la labor del Equipo Especial Lava Jato y del periodista Gustavo Gorriti, en lo que considera una amenaza directa contra la independencia del sistema de justicia.
El encuentro se realizó el pasado 3 de octubre y permitió a la funcionaria de Naciones Unidas conocer de primera mano la situación actual del fiscal Pérez, quien habría recibido presiones y represalias por su participación en los casos de corrupción vinculados a Odebrecht y el lavado de activos. Satterthwaite destacó que las denuncias de acoso judicial y mediático reflejan un ambiente hostil hacia quienes buscan la rendición de cuentas en el país.
A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la relatora recordó que en julio de 2024 envió una comunicación formal al Gobierno peruano solicitando explicaciones sobre el acoso contra los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela, así como al periodista Gustavo Gorriti, por su papel en las investigaciones de alto impacto. “Sigo profundamente preocupada por los riesgos continuos que enfrentan los fiscales y periodistas independientes. Su trabajo es vital para el Estado de derecho”, enfatizó.
Las declaraciones de Satterthwaite se enmarcan en el seguimiento a la comunicación AL PER 5/2024, mediante la cual la ONU pidió al Estado detallar las medidas adoptadas para salvaguardar la labor de los operadores de justicia. La funcionaria insistió en que la independencia judicial y la protección de quienes luchan contra la corrupción son pilares esenciales para el fortalecimiento democrático y el respeto de los derechos humanos.
Este pronunciamiento se suma a las advertencias del alto comisionado Volker Türk, quien en septiembre pasado expresó su preocupación por la Ley de Amnistía aprobada por el Congreso y las reformas que otorgan mayor control estatal sobre las ONG. Türk alertó que estas normas suponen un retroceso en materia de justicia, transparencia y espacio cívico, afectando especialmente a las organizaciones que defienden a víctimas de abusos cometidos por el propio Estado.
