Un informe de fiscalización presentado por el consejero regional César Huamantuma Alarcón reveló que existe una omisión grave del Gobierno Regional de Arequipa por la tardía e irregular contratación del servicio de supervisión. Una deficiencia que compromete la legalidad, calidad, y la propia estabilidad económica del proyecto.
La omisión inicial por parte de la entidad fue que firmó el contrato de ejecución de obra con el Consorcio Majes 4 el 6 de junio de 2025, pero la convocatoria para contratar el servicio de supervisión se realizó recién el 13 de junio de 2025. Es decir, después de formalizado el contrato. Con el inicio de la obra el 19 de junio de 2025 sin una supervisión especializada, el GRA incurrió en la primera negligencia.
Ante la ausencia de un supervisor especializado, la entidad designó a un inspector de obra para asumir el control. Sin embargo, la normativa de Contrataciones del Estado permite que un inspector ejerza esta labor solo hasta que la valorización acumulada no supere el límite presupuestario establecido. Para el año 2025, este límite asciende a S/. 4 millones 300 mil.
Pese a esta restricción legal, el informe revela que a agosto de 2025, la valorización acumulada de la obra ya ascendía a S/. 8 millones 710 mil 925.75. Lo que duplica con creces el monto permitido para la labor de un inspector. Esta situación no solo configuró un incumplimiento legal, sino que, de acuerdo con Huamantuma Alarcón, debió haber provocado la suspensión de la ejecución física de las obras hasta la contratación de la supervisión.
La situación se agravó aún más cuando se hizo efectiva la contratación del servicio de supervisión. La buena pro fue otorgada al Consorcio Supervisor Caylloma. No obstante, el proceso se vino abajo al verificarse que una de las empresas integrantes del consorcio, RBG Ingenieros S.A.C., se encontraba sancionada e inhabilitada para contratar con el Estado desde el 14 de abril de 2025 hasta el 14 de abril de 2028 por presentar documentos falsos o adulterados.
Esta inhabilitación, vigente desde antes de la convocatoria, significa que la adjudicación al Consorcio Supervisor Caylloma fue otorgada de manera presuntamente ilegal por el comité de selección «CP CON-SM-2-2025-GRA-1». Pese a ello, en la visita de fiscalización del 19 de septiembre de 2025, el jefe de supervisión de este consorcio ya se encontraba en funciones.
El consejero regional, a través de su informe, recomendó remitir copia de lo actuado a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios y exhortar al Gobernador Regional a disponer la contratación inmediata de un servicio de supervisión especializado y legalmente habilitado. Por su parte, el GRA hasta el momento defiende que la designación provisional de un inspector se hizo para evitar la paralización de la obra y garantizar la continuidad de los trabajos.
