Ucrania investiga la posible ejecución de 263 soldados que, según su Fiscalía, fueron asesinados tras rendirse o ser capturados por tropas rusas. El Ministerio Público abrió 80 casos penales y responsabilizó formalmente a nueve militares rusos. Estas muertes, junto con las 59 ocurridas en el penal de Olénivka en 2022, refuerzan las denuncias de Kiev sobre un patrón de exterminio y torturas sistemáticas contra prisioneros de guerra ucranianos.
La Fiscalía General de Ucrania confirmó este lunes que la mayoría de los casos investigados provienen de evidencias registradas por drones y videos difundidos en redes sociales. En estos se observan los momentos posteriores a la rendición de soldados ucranianos. Los fiscales sostienen que las imágenes muestran ejecuciones sumarias y abusos cometidos fuera del combate, lo que configuraría violaciones graves al derecho internacional humanitario.
Uno de los hechos más emblemáticos ocurrió en julio de 2022 en Olénivka, en la región ocupada de Donetsk. Allí, 59 prisioneros de guerra ucranianos murieron tras una explosión dentro del penal. Kiev atribuye la responsabilidad al Ejército ruso, al sostener que la detonación se produjo desde el interior del recinto.
De acuerdo con el Ministerio del Interior ucraniano, más de 2.500 militares permanecen cautivos en Rusia. Muchos de los soldados liberados mediante intercambios aseguran haber sufrido torturas, descargas eléctricas, agresiones con perros y violencia sexual. Un informe reciente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) documentó estos patrones y concluyó que podrían constituir crímenes de guerra e incluso de lesa humanidad.
El estudio, elaborado por juristas de Francia, la República Checa y Suecia, también señala la existencia de un clima de impunidad fomentado desde las altas esferas del Kremlin. Cita declaraciones del ex presidente Dmitri Medvédev, quien llegó a afirmar que los soldados ucranianos “no tienen derecho a la vida”. La OSCE recomendó que la Corte Penal Internacional (CPI) asuma las investigaciones. Ampliando su mandato actual sobre la deportación forzada de niños y los ataques contra civiles.
