Ya se veía venir. El proyecto de mejoramiento vial Jachaña – Cayarani, en la provincia de Caylloma, se convirtió en otro de los contratos fallidos del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Tras la rescisión del contrato con la empresa encargada, ahora el caso llegó a un arbitraje y la ejecución de la obra queda suspendida hasta que se resuelva la controversia.
El conflicto estalló luego de que el GRA resolviera el Contrato N.° 50-2025-GRA-1, firmado en febrero de este año con el Consorcio Vial Caylloma, por presuntas deficiencias en el primer entregable del expediente técnico. Según la entidad regional, los documentos presentados no cumplían los requisitos mínimos exigidos para su aprobación.
La obra, valorizada en S/ 95 millones 743 mil 898, tenía como objetivo mejorar el servicio de transitabilidad vial en el tramo Jachaña – Tambopata – Viscacisca – Cayarani – Puente Cayarani, pero a la fecha no llega ni al 1% de avance.
Inicia arbitraje
Ante la decisión del GRA, el Consorcio Vial Caylloma presentó una solicitud de arbitraje de emergencia ante el Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas (CARDA) del Comercio, registrada bajo el Expediente N° S-018-2025-AE/C.A.R.D.A. el 17 de septiembre de 2025. El arbitraje tiene como materia una controversia en contrataciones con el Estado. Las partes procesales son el Consorcio Vial Caylloma, como demandante, y el Gobierno Regional de Arequipa, como demandado.
El consorcio está integrado por SAIN Ingenieros Constructores S.A. (40%), Projet Services H&G S.A.C. (45%), RMJ Constructores S.A.C. (10%) e Ingeconsult Consultorías S.A.C. (5%), bajo la representación de Jhony Elvis Marín Alvarado.
Según el documento arbitral, el consorcio considera que la resolución del contrato fue arbitraria y sin sustento técnico. Asegura que las observaciones al expediente técnico fueron formuladas “sin justificación válida” y que, además, la entidad no contrató una empresa supervisora externa. Esto, alega el privado, dificultó el control de calidad del proceso.
Este punto es clave en la demanda, pues el consorcio responsabiliza directamente a la gestión del gobernador Rohel Sánchez Sánchez por la falta de supervisión. Una obligación establecida en la Ley de Contrataciones del Estado para proyectos de gran envergadura como este.
El Centro Arbitral del Comercio (CARDA), tras admitir el pedido, informó que se designará en los próximos días a un árbitro único de emergencia, quien deberá pronunciarse sobre la competencia del proceso, la medida cautelar de no innovar y la viabilidad del reclamo.
Demandas
Entre las principales pretensiones del consorcio figura la nulidad de los oficios mediante los cuales el GRA devolvió el primer entregable el expediente técnico de la obra —Oficios N.º 1493-2025-GRA/GRI y 1821-2025-GRA/CRI—, al considerar que no existía causa justificada para el rechazo.
También solicitan que se ordene la contratación inmediata de una supervisión externa, así como que se declare que los retrasos en la entrega del expediente no son responsabilidad del contratista. Otro de los puntos del reclamo es que el GRA se abstenga de aplicar penalidades o sanciones económicas, pues alegan que la resolución del contrato carece de base legal.
El consorcio exige, además, que se anule la carta notarial N.º 075-2025-GRA/ORA, documento mediante el cual el Gobierno Regional formalizó la rescisión del contrato el pasado 16 de septiembre de 2025. De prosperar la demanda, el Gobierno Regional podría verse obligado a pagar las valorizaciones pendientes y a cubrir los gastos y costos del proceso arbitral. Esto representaría un golpe adicional al presupuesto regional.
Por su parte, desde la institución regional señalaron —en una carta notarial empleada al consorcio— que la decisión de resolver el contrato se sustentó en la falta de cumplimiento técnico por parte del consorcio. Argumentando que el primer entregable carecía de criterios de ingeniería y no cumplía con las exigencias del expediente definitivo.
Malos antecedentes
Sin embargo, el conflicto no solo se limita al aspecto técnico. Según denunció el consejero regional Huamantuma, en esta obra se habrían realizado pagos millonarios en adelantos y devengados, pese a que el expediente técnico fue rechazado desde su presentación inicial.
Estas irregularidades, advierte el consejero, demuestran una falta de control interno y podrían derivar en una investigación fiscal si se confirma que los desembolsos se efectuaron sin justificación. Mientras tanto, el proyecto de Jachaña – Cayarani permanece paralizado, y los habitantes de la zona seguirán esperando las mejoras viales prometidas por la gestión del gobernador Rohel Sánchez. Este nuevo arbitraje se suma a la larga lista de obras regionales judicializadas o en litigio, lo que revela la fragilidad en la ejecución de inversiones públicas en Arequipa.
