El presidente del Consejo Regional de Arequipa, Osías Ortiz Ibáñez, suspendió la sesión extraordinaria en la que estaba previsto debatir la interpelación al gerente regional de Salud, Walther Sebastián Oporto Pérez. La decisión obedeció a la falta de respuesta oportuna del funcionario al pliego interpelatorio.
La situación generó disconformidad en el ambiente político regional, puesto que la interpelación se aprobó con anterioridad mediante el Acuerdo Regional N.º 283-2025-GRA/CR-AREQUIPA. El propósito era que Oporto rinda cuentas por cuestionamientos vinculados a su gestión administrativa, económica y de recursos humanos.
Según el pliego que motivó la interpelación, uno de los puntos más controvertidos se refiere al “Programa de Soporte Nutricional”. En este se habría generado un presunto perjuicio económico de S/ 361,746 en la Gerencia Regional de Salud (GERESA). Se cuestiona que dicho programa careció de sustento técnico, legal o presupuestal. Además benefició a un grupo selecto de servidores —entre ellos, el propio gerente—, en lugar de cubrir la totalidad de personal en condiciones similares.
Otro bloque de la interpelación versa sobre las decisiones de personal en cargos de confianza, especialmente resoluciones recientes identificadas como N.º 271, 431, 459, 460 y 461-2025-GRA/GGR. En dichos nombramientos se señala que Oporto asumió encargos temporales y concentro funciones, lo que habría afectado la operatividad institucional. Además, se exige explicación sobre la reasignación de 48 servidores en la Red Arequipa-Caylloma, con cuestionamientos sobre criterios técnicos, legales y el riesgo de desabastecimiento en sus puestos originales.
Se le demanda también esclarecer presuntas irregularidades en procesos de contratación pública, especialmente el concurso CAS N.º 005-2025-HCM del Hospital Central de Majes. Entre las denuncias figuran la omisión del registro documentario de postulantes en el sistema SISGEDO, la publicación de resultados sin firma de la comisión de selección y el incumplimiento del cronograma oficial, circunstancias que podrían derivar en la nulidad del proceso.
Ante la suspensión de la sesión, se estableció que el funcionario comparecerá ante el pleno del Consejo Regional el martes 9 de octubre para sustentar en persona sus respuestas. Allí, se espera que se realice el debate correspondiente y posteriormente los consejeros emitan un voto de confianza o censura según lo dispuesto en el reglamento interno del CRA.
El caso adquiere mayor relevancia si se considera que Oporto ya fue sancionado, en primera instancia, con una inhabilitación de tres años por parte de la Contraloría por la entrega de bonos alimentarios en 2023. Una medida que aún está en apelación y que respalda los cuestionamientos en su contra. Este antecedente será, sin duda, uno de los ejes del debate el martes próximo, en el que se definirá si el funcionario mantiene o pierde la confianza del Consejo.
