La gerente de Educación, Cecilia Jarita Padilla, una vez más, desfilará por el Ministerio Público. Esta vez para responder por la designación del director de la Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor que no cumpliría con los requisitos de ley. A la funcionaria de confianza del gobernador Rohel Sánchez se le acusa de nombramiento y aceptación ilegal de cargo, catalogado como un delito de corrupción.
La carpeta fiscal se aperturó con la denuncia presentada el 17 de julio de 2025 por Alexander Willy Quispe Valdez. Este señaló que Jarita designó de manera irregular al licenciado Jesús Raúl Quispe Calcina como director general de la Escuela de Arte, mediante la Resolución Regional N.° 0504-2025, del 14 de febrero de este año. Según la denuncia, la designación se hizo fuera del marco de la ley.
Sin perfil
El denunciante sostuvo que el funcionario designado carecía de los títulos y experiencia exigidos en la Resolución Viceministerial N.° 193-2021-MINEDU, que regula los encargos en Escuelas Superiores de Formación Artística. En concreto, el mencionado director sólo acredita el grado de licenciado, pero no cumple con los otros requisitos. Toda vez que no es docente nombrado ni contratado, no posee maestrías y carece de experiencia previa.
Y es que para ocupar este cargo la norma citada establece que el postulante debe ser un docente nombrado o contratado, contar con un título profesional de profesor o de licenciado en Educación. Además, es necesario poseer un grado de maestro registrado en la SUNEDU, cumplir con una experiencia mínima de tres años como docente en Educación Superior y cinco años en cargos directivos o de gestión pedagógica.
Además, de acuerdo a la denuncia, la gerente aplicó un encargo de funciones cuando correspondía un encargo de puesto. Ya que en la Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor existía una plaza presupuestada y vacante para el cargo de director general. Este detalle convierte la designación en irregular desde el inicio.
La Fiscalía, al evaluar el caso, determinó que existen indicios suficientes para abrir investigación preliminar. En su resolución del 12 de septiembre, el Octavo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa dispuso un plazo de 60 días para las diligencias policiales, de los cuales 40 días serán destinados a recabar pruebas y testimonios.
Inician diligencias
Entre las primeras medidas, el Ministerio Público ordenó tomar la declaración ampliatoria del denunciante, así como las declaraciones de Cecilia Jarita Padilla y de Jesús Raúl Quispe Calcina, quienes deberán comparecer con su abogado. Además, se solicitó a la Gerencia Regional de Educación la entrega de la resolución cuestionada y de todo el expediente del proceso de designación.
De igual modo, la Fiscalía pidió a la Escuela Nacional de Arte que informe si existía o no una plaza presupuestada y vacante en 2025. Y al Ministerio de Educación que precise los requisitos legales para asumir la dirección de este tipo de instituciones. Con ello, se busca establecer si la designación se ajustó a la normativa vigente o si se configuró el presunto delito.
Consultada por Revelación.pe sobre este proceso penal en su contra, la funcionaria declaró que está colaborando con la justicia en todos sus extremos. Pero se negó adelantar opinión para no interferir con las investigaciones en marcha. “Está en proceso de investigación, yo estoy asistiendo a las diligencias como corresponde, a dar las declaraciones. No me atrevo a opinar de favor ni en contra porque está en investigación”, señaló Jarita.
Se lava las manos
Sin embargo, también deslindó responsabilidades directas en la revisión de los perfiles a otras áreas. “Hay un área de Personal y esa oficina es la responsable de revisar el escalafón y toda la documentación para poder hacer la designación correspondiente. Estoy siempre dispuesta a poder colaborar para que se vislumbre este tema”, añadió.
Según explicó, el nombramiento de Quispe Calcina pasó por una comisión evaluadora. No obstante, la denuncia indica que los concursos convocados en enero de 2025 fueron declarados desiertos, por lo que el encargo no se habría ajustado a la normativa.
De confirmarse la versión de la Fiscalía, tanto Jarita como Quispe Calcina enfrentarían acusaciones graves. Ella por haber dispuesto el nombramiento irregular y él por aceptar un cargo sin cumplir los requisitos legales. Lo que se configura como aceptación ilegal de cargo público.
El proceso recién empieza, pero la apertura de investigación marca una diferencia sustancial: ya no se trata de una acusación aislada, sino de una indagación formal en curso, con diligencias precisas y un plazo de investigación fijado por el Ministerio Público. Este nuevo frente judicial se suma a la mochila pesada de antecedentes que carga sobre sus hombros, pues también se le investiga por la designación presuntamente irregular del director de la Ugel Sur, Luis Mansilla Calcina..
