La conciliación que buscaba el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) con el consorcio La Joya II terminó por venirse abajo. Así, el intento de salvar el contrato fracasó y la obra del puente Arequipa – La Joya quedó nuevamente a la deriva. En lugar de asumir responsabilidades, el gobernador Rohel Sánchez prefirió refugiarse en promesas inmediatas con tintes de populismo. Y es que anunció que —en apenas ocho días— estará listo el expediente de saldo de obra y se contratará de forma directa a otra empresa para destrabar la obra.
El camino hacia este nuevo revés inició con una serie de incumplimientos y desacuerdos que escalaron hasta hacer inviable la continuidad del proyecto para la constructora. El consorcio La Joya II, a cargo del puente metálico «Virgen de Chapi», advirtió de su posición mediante una carta notarial enviada el pasado 5 de septiembre, anunciando la resolución del contrato.
Se veía venir
Los argumentos de la contratista se centraron en tres incumplimientos clave por parte del GRA que generaron un desfinanciamiento insostenible. En primer lugar, la falta de pago de un laudo arbitral que superaba los 3 millones de soles. En segundo lugar, la negativa a reconocer una ampliación de plazo de 10 meses que ya había sido otorgada por el tribunal arbitral. Finalmente, la negativa de aprobar un adicional 10 para realizar el reforzamiento necesario de los pilares del puente.
Estas condiciones, según el consorcio, fueron suficientes para declarar rota la relación contractual y detener las obras, a pesar de que el proyecto ya se encontraba con un avance superior al 95%. Y aunque inicialmente el equipo del GRA mostró su intención de agotar la vía de la conciliación para evitar más dilaciones, todos los intentos fracasaron y ahora el proyecto permanece en vilo.
Incluso, el gobernador insistió en que la obra debía estar concluida en noviembre a como dé lugar, ya sea con la empresa actual o mediante otra modalidad. Incluso, deslizó la posibilidad de culminar el proyecto bajo administración directa, una alternativa con antecedentes poco favorables en la región.
Finalmente, el intento de conciliación, forzado por la advertencia del consorcio, no prosperó y la rescisión del contrato se hizo efectiva. Este hecho confirmó el peor escenario: la obra volvió a entramparse en cuanto a ejecución contractual se refiere, poniendo fin a la relación con el consorcio ejecutor.
Discurso populista
En medio de su rendición de cuentas, y ante el fracaso de la vía de diálogo, el gobernador Rohel Sánchez sorprendió con un anuncio carente de toda planificación técnica. Dejando de lado la inicialmente barajada opción de la administración directa, el mandatario regional anunció un proceso de reanudación que parece ignorar la complejidad de los procedimientos legales y técnicos.
Sánchez declaró que había dispuesto la rescisión del contrato y, en un lapso de «menos de ocho días», se tendría listo el expediente de saldo de obra. Inmediatamente después, se buscaría contratar de forma directa a otro constructor para que ejecute lo poco que falta del puente metálico.
«Sí o sí ese puente (Arequipa— La Joya) se concluye en los plazos establecidos. Hemos dispuesto que se rescinda el contrato y en menos de ocho días se tenga el expediente de saldo de obra y se contrate en forma directa al constructor para que ejecute lo poco que falta, para que la vía sea una realidad», sentenció el gobernador.
Su discurso ignora la realidad de los procesos de licitación y contratación directa que, incluso bajo normativas especiales, suelen tomar mucho más tiempo. Esta declaración, sin el menor atisbo de planificación real, genera gran escepticismo sobre la capacidad de la gestión regional para afrontar este complejo dilema con la seriedad técnica y legal que el proyecto exige.
A ello se suma la incertidumbre legal. La empresa dejó constancia de que el GRA no cumplió con pagar un laudo arbitral ni con reconocer la ampliación de plazo. Estos aspectos, de no resolverse, podrían convertirse en nuevos obstáculos judiciales para cualquier intento de relanzar la obra.
Más aún, la opción de contratar de manera directa a otra constructora despierta suspicacias. Sin un concurso abierto ni licitación pública, la decisión podría convertirse en una puerta abierta a posibles actos de corrupción como favoritismos en la designación de la nueva empresa ejecutora. Mientras tanto, la reanudación de las obras, por ahora, sigue siendo una promesa con un plazo de cumplimiento casi imposible.
