En un comunicado público, el Colegio de Psicólogos del Perú advirtió que el Ministerio de Educación (MINEDU) no garantiza la continuidad de los contratos administrativos de servicios (CAS) de miles de profesionales de la psicología que forman parte del Programa de Jornada Escolar Completa (JEC). Esta situación, según el gremio, afecta directamente a los escolares a nivel nacional y al ejercicio profesional de los psicólogos en el sector.
El comunicado, emitido el 24 de septiembre de 2025, detalla que la falta de garantía se debe, al parecer, a una función esencial precarizada y a la reducción presupuestal para la atención integral de la salud mental y el desarrollo socioemocional de los niños y adolescentes en las instituciones educativas del país. La orden profesional subraya que, año tras año, se repite esta práctica presupuestaria restrictiva que precariza la función profesional y vulnera el interés público.
Advierten que se compromete la subsistencia económica y la estabilidad laboral de miles de profesionales. Pero más grave es que se pone en riesgo la calidad y eficacia del servicio educativo. La ausencia o discontinuidad de estos especialistas, fundamentales en la JEC, impide afrontar situaciones que competen a la salud mental de los estudiantes. Tales como la violencia escolar, depresión, riesgo suicida, consumo de sustancias y otros factores psicosociales de alto impacto en la comunidad educativa.
Ante la gravedad del escenario, exigen al MINEDU y Ministerio de Economía y Finanzas disponer, con carácter de urgencia, la emisión del Decreto Supremo. Dicho decreto debe habilitar la asignación presupuestal para garantizar la continuidad de los contratos CAS de los psicólogos. En especial los que laboran en el marco del programa JEC, evitando así la ruptura arbitraria de sus funciones.
Además, reitera la necesidad impostergable de institucionalizar plazas orgánicas presupuestadas para los psicólogos en el sector. Esto debe hacerse con la finalidad de dotar de estabilidad, predictibilidad y legitimidad al ejercicio profesional. En concordancia con la Ley N° 30947 (Ley de Salud Mental) y con las políticas nacionales de salud mental en la comunidad educativa. La persistencia en la adopción de medidas de carácter transitorio y discrecional perpetúa un escenario de inseguridad laboral y debilita la implementación de políticas públicas sostenibles.
