El futuro de Delia Espinoza en el Ministerio Público quedó en suspenso tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que resolvió apartarla de su cargo de fiscal de la Nación por un periodo inicial de seis meses. La medida, planteada por la vicepresidenta del organismo, María Teresa Cabrera, se sustenta en presuntas faltas graves cometidas durante el proceso de reposición de Patricia Benavides. Un episodio que abrió una fractura en la institucionalidad del sistema de justicia.
No asistió a audiencia
La sesión de la JNJ se realizó el viernes 19 de septiembre, con un debate que dejó al descubierto la tensión política alrededor del caso. Mientras la propuesta de suspensión recibió el respaldo de la mayoría de consejeros, el magistrado Francisco Távara quedó al margen de la votación tras ser acusado de adelantar opinión. Espinoza, convocada para dar sus descargos esa mañana, optó por no asistir y denunció falta de garantías en el procedimiento.
De acuerdo con el reglamento vigente, la suspensión preventiva puede extenderse una sola vez por un plazo similar, lo que abre la posibilidad de que la fiscal quede fuera del Ministerio Público hasta por un año. Durante ese periodo, se deberá definir si su proceso disciplinario concluye en absolución, suspensión definitiva o destitución. La medida, además de alejarla del cargo, genera un reacomodo inmediato en la cúpula del Ministerio Público.
¿Quién asumirá?
En su lugar, asumirá temporalmente el despacho de la Fiscalía de la Nación el fiscal supremo Pablo Sánchez, por ser el de mayor antigüedad. Sin embargo, el antecedente de Patricia Benavides —cuando Sánchez declinó ocupar el interinato— deja abierta la opción de que Zoraida Ávalos, o incluso Tomás Gálvez, asuman la conducción de la institución. La línea de sucesión se completa con la propia Benavides y con Juan Carlos Villena.
Todo por Benavides
El trasfondo de la suspensión radica en la negativa de Espinoza a cumplir la resolución de la JNJ que ordenaba restituir a Benavides como fiscal de la Nación. Según el informe presentado por María Teresa Cabrera, no solo ignoró la orden, sino que habría desplegado maniobras para mantenerse en el cargo y bloquear el retorno de su antecesora.
Entre las acusaciones se señalan cuatro hechos concretos: persistir en el ejercicio del cargo pese a la resolución, negarse a recibir a la funcionaria restituida, omitir la convocatoria a la Junta de Fiscales Supremos e incitar a trabajadores del Ministerio Público a movilizarse en vigilia frente a la sede institucional. Cada uno de estos puntos, según la JNJ, configura una vulneración directa al marco legal de la carrera fiscal.
Para los consejeros, las acciones atribuidas a Espinoza comprometen de manera grave los deberes de su cargo y afectan la confianza ciudadana en el Estado de derecho. El informe advierte que se trata de faltas muy graves, pues interfieren en el ejercicio de funciones de otros órganos del Estado y vulneran la institucionalidad del Ministerio Público. En paralelo, la fiscal suspendida podrá apelar, aunque el recurso no detendrá la aplicación de la sanción que ya la aparta del máximo despacho de la Fiscalía.
