El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, oficializó la convocatoria a la ciudadanía para pronunciarse en dos asuntos de gran trascendencia política. Primero sobre la eliminación de la prohibición constitucional de bases militares extranjeras en territorio nacional. Y además sobre la instalación de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. La medida, plasmada en los Decretos Ejecutivos 147 y 148, marca un giro en la dinámica institucional del país y abre un debate de alto voltaje entre el Ejecutivo, la Corte Constitucional y la opinión pública.
El Decreto 147 propone modificar el artículo 5 de la Carta Magna. La misma que actualmente define al Ecuador como un territorio de paz y prohíbe expresamente la presencia de bases militares extranjeras. Con la reforma planteada, el país podría habilitar acuerdos estratégicos con fuerzas internacionales y ceder instalaciones militares. De aprobarse en referéndum, se abriría la puerta a un cambio de fondo en la política de defensa y seguridad nacional.
En paralelo, el Decreto 148 pregunta a los ecuatorianos si están de acuerdo con convocar a una Asamblea Constituyente. El documento establece que los representantes serían elegidos por votación popular y tendrían el mandato de elaborar un nuevo texto constitucional. Esta eventual Carta Magna solo entraría en vigencia si recibe el visto bueno en un segundo referéndum, lo que configura un doble filtro ciudadano.
La iniciativa ha puesto en tensión al Ejecutivo y la Corte Constitucional. Y es que la práctica reciente exige que este tribunal valide previamente las preguntas de una consulta popular. En tanto Noboa sostiene que el artículo 444 de la Constitución lo faculta a convocar directamente al pueblo sin mediaciones. En su razonamiento, ningún órgano del Estado puede añadir requisitos no previstos en la Carta Magna, por lo que la decisión debe recaer exclusivamente en las urnas.
El Consejo Nacional Electoral ya fue notificado y deberá poner en marcha el proceso: elaborar la papeleta, definir el cronograma y organizar la logística. Entre tanto, el sistema político se divide entre quienes respaldan la consulta como un ejercicio de democracia directa y quienes advierten que el presidente desafía a la Corte y erosiona el equilibrio de poderes. El desenlace dependerá del voto ciudadano, que decidirá si Ecuador abre la puerta a bases extranjeras y a un nuevo proceso constituyente.
