La promesa de unir Arequipa con La Joya a través de una moderna autopista vuelve a desvanecerse. A dos años para culminar su gestión, el gobernador Rohel Sánchez enfrenta un duro revés: el consorcio a cargo del puente Virgen de Chapi y los accesos rescindió el contrato con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA), dejando las obras paralizadas a poco de culminarse.
La decisión fue comunicada mediante una carta notarial el 5 de septiembre de 2025, dirigida al gerente de Infraestructura, Juan Carlos Blanco Mendoza; y al entonces gerente general, Johan Ariano Cano Pinto. En el documento, la empresa integrada por Pizzarotti & C. S.P.A. (60%) y ERALMA Constructora S.A.C. (40%) formalizó la cancelación total del contrato N° 137-2017-GRA, amparándose en el artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 135.2 de su reglamento.
Laudo impago
La carta señala como antecedentes un laudo arbitral emitido el 31 de enero de 2025, que ordenó el pago de más de S/ 3 millones 135 mil a favor del consorcio. Según la empresa, la falta de cumplimiento de este pago generó la imposibilidad de sostener financieramente la obra. Esto pese a que el tramo del puente metálico Virgen de Chapi alcanzaba un avance físico superior al 97 %.
Tras el anuncio notarial, el 16 de septiembre quedó consentida la resolución contractual. Fuentes explicaron que para el 23 de septiembre está programada una inspección que verificará el estado en que la empresa abandona los trabajos, así como el porcentaje exacto de ejecución alcanzado hasta la fecha.
Fuentes señalaron a este medio que el Gobierno Regional alega que el pago del laudo no pudo ejecutarse porque el consorcio carecía de una póliza CAR vigente, un seguro fundamental que garantiza la cobertura de riesgos en proyectos de gran envergadura y que, en este caso, estaba valorizada en más de S/ 5 millones. Al no llegar a un acuerdo, el consorcio optó por atribuir un incumplimiento judicial y canceló los trabajos.
Esta situación revela un serio problema de gestión. Por un lado, la empresa reclama un derecho reconocido en la vía arbitral; por otro, la entidad regional argumenta que no puede cumplir con la obligación mientras no se subsane una garantía indispensable. Lo cierto es que la falta de un plan de contingencia terminó por llevar a la ruptura definitiva del contrato.
Mutis del GRA
Tras este revés, los funcionarios del gobernador Rohel Sánchez Sánchez prefieren guardar silencio antes que explicar las estrategias que se adoptarán para retomar la obra. Este medio intentó comunicarse con el gerente de Infraestructura, Juan Carlos Blanco Mendoza, y con el actual gerente general, Berly Gonzales Arias. Solo Gonzales respondió con un mensaje breve, anunciando que responderán en una conferencia de prensa.
Por su parte, el consejero regional César Huamantuma Alarcón expresó su preocupación por la manera confidencial en que se manejó la situación desde el Ejecutivo regional. “Preocupa que no se haya informado de la carta de resolución de contrato, vamos a solicitar información sobre qué acciones se han realizado respecto al documento”, declaró a Revelación.pe.
Lo dicho por Huamantuma evidencia una falta de transparencia hacia el Consejo Regional de Arequipa (CRA), entidad encargada de fiscalizar los proyectos en marcha. Pues la rescisión se produjo el 5 de septiembre, pero recién trascendió días después, sin que se dieran mayores explicaciones sobre las medidas adoptadas.
Una obra de 4 gestiones
Este fracaso contractual deja en suspenso una de las principales obras de infraestructura de Arequipa. La autopista Arequipa – La Joya fue anunciada como un proyecto clave para descongestionar la vía de ingreso a la ciudad, agilizar el transporte de carga y mejorar la conexión entre distritos estratégicos de la región. Pero se ha convertido en un proyecto que ha pasado por mano de 4 gestiones regionales.
El gobernador Rohel Sánchez había reiterado en más de una ocasión que entregaría la autopista concluida antes de dejar el cargo a fines del 2026. Sin embargo, la paralización del componente 1 vuelve esa promesa casi inviable, pues incluso en el mejor escenario, reiniciar un proceso de contratación tomaría meses.
El quiebre con el consorcio La Joya II no es un hecho aislado. Desde el inicio, la obra ha estado marcada por retrasos, arbitrajes y ampliaciones de plazo. El último laudo arbitral incluso extendía el contrato hasta 2026, pero la falta de financiamiento y de acuerdos terminó por agravar la crisis. Con el contrato resuelto, el proyecto queda atrapado en la incertidumbre.
