La Contraloría General de la República detectó serias irregularidades en el Servicio Municipal de Administración del Matadero Metropolitano de Río Seco (SERMAMET), ubicado en Cerro Colorado. Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 10056-2025-CG/PREVI-AOP, la entidad municipal no registró cientos de órdenes de compra y de servicio en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), pese a que la normativa lo exige.
Casi 300 órdenes
Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, Sermamet realizó contrataciones por un monto acumulado de S/ 1 789 764,51. Dichas operaciones, equivalentes a 30 órdenes de compra y 260 órdenes de servicio, fueron ejecutadas sin ser registradas en la plataforma oficial. Esto vulnera la transparencia y limita el control ciudadano.
La omisión es particularmente grave porque las contrataciones eran menores o iguales a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT), montos que, aunque pequeños de manera individual, representan en conjunto un gasto significativo de recursos públicos. Al no ser publicadas en el SEACE, estas operaciones quedaron fuera del escrutinio social y de los mecanismos de supervisión estatales.
No hicieron caso
El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) había emitido un comunicado en mayo de 2025 advirtiendo sobre entidades que no cumplían con el registro obligatorio. Sermamet figuraba en esa lista y se le otorgó un plazo de cinco días hábiles para subsanar la falta. Sin embargo, vencido ese periodo en mayo, no se efectuó ninguna corrección.
La Contraloría corroboró la irregularidad al verificar el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), donde sí constan las órdenes emitidas, y contrastarlas con el buscador público del SEACE. En esta última plataforma no aparece registro alguno entre noviembre de 2024 y marzo de 2025.
De acuerdo con la normativa vigente —la Ley de Contrataciones del Estado y la Directiva n.° 003-2020-OSCE/CD— todas las entidades públicas están obligadas a registrar sus órdenes de compra y servicio en un plazo máximo de cinco días hábiles del mes siguiente a su emisión. Esta disposición busca garantizar transparencia, trazabilidad y confianza en el uso de recursos estatales.
El incumplimiento, señala la Contraloría, restringió la publicidad de la información y entorpeció la rendición de cuentas. Además, obstaculizó la posibilidad de verificar la correcta planificación de las contrataciones y abrió espacio a riesgos de discrecionalidad o posibles actos de corrupción.
El informe también recuerda que, aunque las contrataciones menores a 8 UIT están excluidas de ciertos procedimientos de selección, no están exentas de supervisión. Por ello, su registro en el SEACE es obligatorio, ya que permite visibilizar cada gasto efectuado y facilita el control posterior.
