El juez Wilson Verátegui Gálvez del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolvió levantar la comparecencia con restricciones que pesaba sobre Keiko Fujimori desde hace tres años, en el marco del caso Cócteles. La decisión se amparó en la Ley 32130, norma aprobada por el Congreso que fijó límites temporales a estas medidas y que terminó beneficiando directamente a la lideresa de Fuerza Popular.
Aunque la comparecencia simple sustituyó las reglas de conducta, la caución económica de 70 mil soles se mantiene vigente. El juez precisó que este monto solo podrá devolverse si Fujimori resulta absuelta o si el proceso concluye antes del juicio oral. De momento, la obligación de la lideresa se limita a acudir a las citaciones del Ministerio Público y del órgano jurisdiccional.
Durante la audiencia, el magistrado destacó que la norma vigente introducida por la Ley 32130 resultaba más favorable que la anterior, puesto que establece un límite temporal expreso. Esa disposición fue determinante para acceder a la solicitud de Fujimori, al considerar que las medidas restrictivas ya habían caducado y no podían renovarse bajo el marco legal actual.
El escenario judicial de la excandidata presidencial ahora depende del Tribunal Constitucional. Los siete magistrados analizan si corresponde archivar de manera definitiva el caso Cócteles, que investiga aportes presuntamente ilícitos en las campañas de 2010-2011 y 2015-2016. El debate gira en torno a si el delito de lavado de activos ya estaba tipificado en la legislación penal durante esas campañas.
Fuentes cercanas al TC señalan que la mayoría de magistrados se inclina por un fallo favorable a Fujimori, aunque persisten diferencias en torno al alcance. Algunos plantean que la decisión se limite únicamente al caso Cócteles, evitando que otros procesados de Lava Jato o investigaciones similares reciban el mismo beneficio. La sentencia se conocería antes de noviembre y marcaría el futuro judicial de la lideresa fujimorista.
