Durante cinco meses, las compras y contrataciones del Instituto Vial Provincial de Castilla se realizaron en completo silencio administrativo. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, la entidad firmó más de una veintena de órdenes de servicio que sumaron más de 90 mil soles, pero ninguna fue registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
El hallazgo, confirmado por la Contraloría a través del Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 10042-2025-CG/PREVI-AOP, emitido el 29 de agosto de 2025, destapa un manejo opaco que restringe el acceso a la información pública y deja sin sustento la transparencia que debería regir el gasto estatal.
Sin registro
El documento advierte que, entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de marzo de 2025, la entidad emitió 21 órdenes de servicio por un monto acumulado de S/ 90 122,40. Todas correspondían a contrataciones iguales o menores a 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Sin embargo, ninguna de estas operaciones fue registrada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE).
La omisión no es un asunto menor. Al no ingresar la información al SEACE, se restringió el acceso ciudadano a la consulta pública, se limitó el control social y se obstaculizó la supervisión de las contrataciones por parte de los órganos de control y la misma ciudadanía. En otras palabras, el manejo de recursos públicos se realizó sin la transparencia debida.
El informe señala que el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) ya había advertido sobre la obligación de registrar las órdenes de servicio. Mediante el comunicado N.° 007-2025, publicado en mayo, se otorgó a las entidades incumplidas un plazo máximo de cinco días hábiles para subsanar las omisiones. Pese a ello, el IVP Castilla no regularizó la información.
La unidad contralora también corroboró, mediante consultas al buscador público del SEACE, que durante los cinco meses analizados no existió ningún registro de órdenes de compra ni de servicios vinculados a la entidad. Los reportes de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo aparecen en blanco, confirmando el incumplimiento.
Nada transparente
De acuerdo con la normativa vigente, todas las entidades públicas están obligadas a registrar en el SEACE la totalidad de sus órdenes de compra y servicio, incluidas aquellas que luego sean anuladas. Además, el registro debe realizarse en un plazo máximo de cinco días hábiles del mes siguiente a la emisión del documento, justamente para garantizar la trazabilidad del gasto.
El IVP Castilla ignoró estas disposiciones. La falta de registros contravino el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y la Directiva N.° 003-2020-OSCE/CD, que regula la obligatoriedad de transparentar estos procesos. Según la Contraloría, la omisión no solo vulnera principios de publicidad y transparencia, sino que también debilita la rendición de cuentas y la confianza en la administración pública.
El efecto concreto de esta irregularidad fue la restricción de información clave sobre contrataciones menores. Aunque los montos individuales no superaban las 8 UIT, el acumulado supera los 90 mil soles. Al no figurar en el SEACE, no es posible verificar de manera abierta qué bienes o servicios se adquirieron, a qué proveedores se favoreció ni bajo qué criterios se realizaron las elecciones.
En sus conclusiones, el órgano de control reitera que la falta de registro en el SEACE constituye un hecho con indicio de irregularidad. Recomienda que el titular del IVP Castilla disponga medidas inmediatas para corregir la situación y, de ser necesario, establezca responsabilidades al interior de la institución.
La notificación oficial fue remitida al alcalde de Castilla, Renzo Paul Pastor Alatrista, a quien se le exige adoptar acciones correctivas y presentar un plan de implementación en un plazo máximo de 20 días hábiles. El objetivo es garantizar que estas prácticas no vuelvan a repetirse.
