La bancada de Fuerza Popular, encabezada por Keiko Fujimori, se desmarca de la reforma de pensiones que lideró y celebró en 2024. Tras protestas ciudadanas y la publicación del reglamento, el partido responsabiliza al Gobierno de Dina Boluarte de “desnaturalizar” la ley y busca reposicionarse promoviendo el octavo retiro de AFP.
La contradicción quedó en evidencia después de la marcha en Lima, donde miles de ciudadanos exigieron al Congreso liberar un nuevo retiro de fondos de AFP. En ese escenario, Fuerza Popular emitió un comunicado asegurando que las restricciones aprobadas —como el límite del 95,5 % para menores de 40 años o la obligación de aporte de independientes— no correspondían a su propuesta original, sino a imposiciones del Ejecutivo y del MEF.
Sin embargo, el propio historial parlamentario recuerda que la Ley N° 32123 se construyó a partir de 68 proyectos, varios de ellos presentados por figuras del fujimorismo desde 2019. Legisladores como Luis Galarreta, Miguel Torres, Nano Guerra García y Rosangella Barbarán dieron forma al texto, mientras que César Revilla presidió la Comisión de Economía que dictaminó la iniciativa. Incluso Keiko Fujimori celebró en redes la aprobación de la reforma que ahora cuestiona.
La presión social obligó a la presidenta Dina Boluarte a pronunciarse. Respaldó la medida del octavo retiro y enfatizó que los fondos previsionales pertenecen a los trabajadores y sus familias. Este giro del Ejecutivo, sumado a la ola de manifestaciones, incrementa la tensión en un debate donde la sostenibilidad del sistema pensionario sigue en entredicho.
En paralelo, la Comisión de Economía del Congreso revisa los alcances de un nuevo retiro extraordinario y prepara audiencias con organismos técnicos. El tema de fondo sigue siendo el mismo: cómo garantizar una pensión mínima sin comprometer los ahorros de millones de afiliados. En este tablero, la postura cambiante de Fuerza Popular reabre dudas sobre la coherencia política en torno a una de las reformas más sensibles de los últimos años.
