El gobierno de Daniel Noboa enfrenta protestas en al menos seis provincias de Ecuador tras la eliminación del subsidio al diésel. Mientras transportistas y la Conaie denuncian un “paquetazo” que golpea a los sectores populares, el Ejecutivo defiende que los recursos se destinarán a programas sociales y compensaciones económicas.
Desde el fin de semana se registran bloqueos en carreteras de Carchi, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Loja y Azuay, protagonizados por transportistas de carga pesada. Aunque las manifestaciones no han derivado en hechos de violencia graves, en algunas localidades hubo detenciones. Pese a ello, el transporte urbano en las principales ciudades continúa funcionando con normalidad.
El gobierno sostiene que la medida no debe generar alzas en las tarifas del transporte público ni en los precios de los alimentos. Según el ministro de Transporte, Roberto Luque, los transportistas recibirán compensaciones mensuales de entre 400 y 1.000 dólares durante ocho meses por cada unidad, con el fin de mitigar el impacto de la eliminación del subsidio.
Sin embargo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) advirtió que la decisión “lleva al límite la paciencia popular”. En un pronunciamiento, recordó los levantamientos de 2019 y 2022 que paralizaron al país y acusó al presidente Noboa de “sacrificar al pueblo por cumplir con el FMI”. Los dirigentes indígenas señalan que la medida encarecerá la canasta básica, debilitará el transporte comunitario y afectará directamente a millones de familias campesinas.
En paralelo, el Ejecutivo trasladó temporalmente la sede del Gobierno a Latacunga, Cotopaxi, como parte de su estrategia para enfrentar los conflictos en zonas de fuerte presencia indígena. Noboa cuenta con el respaldo de gremios empresariales, que consideran la eliminación del subsidio un paso necesario dentro del ajuste fiscal y el acuerdo crediticio de 5.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
