Por Henrry Torres Delgadillo – Especialista en Gestión de Riesgos
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó una guía técnica para calificar denuncias disciplinarias contra jueces, fiscales y otras autoridades. En teoría, este documento busca ordenar los procesos, pero en la práctica despierta dudas sobre si realmente acerca la justicia al ciudadano o si se convierte en un filtro que complica más las cosas.
La guía exige que toda denuncia cumpla con un formato estricto: datos completos, pruebas adjuntas y fundamentos legales claros. Para un ciudadano sin conocimientos jurídicos, esto puede ser un obstáculo insalvable. La consecuencia es evidente: muchos casos pueden quedar fuera no por falta de mérito, sino por no saber cómo llenar correctamente un formulario.
Otro punto delicado es la designación de un “miembro instructor” para cada denuncia. Si bien este paso pretende garantizar una investigación objetiva, no se explica cómo se blindará el proceso frente a presiones o favoritismos. La independencia de la JNJ está todavía en construcción, y cualquier sombra de duda alimenta la desconfianza ciudadana.
También preocupa que la guía se concentre en los pasos formales, pero diga poco sobre cómo asegurar sanciones efectivas y rápidas. La historia reciente está llena de denuncias que se prolongan indefinidamente o terminan archivadas. Sin un seguimiento claro, este nuevo documento corre el riesgo de ser otro trámite más sin impacto real.
En un país donde la justicia enfrenta graves problemas de credibilidad, cualquier norma que se presente como avance debe ir más allá del papel. Para que esta guía tenga verdadero valor, debería simplificar el acceso para los ciudadanos, incluir auditorías externas y garantizar que las sanciones no se pierdan en el tiempo.
En resumen, la iniciativa de la JNJ es un paso que intenta dar orden, pero corre el riesgo de ser percibida como un parche administrativo más. Para que realmente tenga valor, debe estar acompañada de mecanismos de acceso ciudadano simplificados, auditorías externas y sanciones efectivas y rápidas. De lo contrario, se repetirá la historia de la justicia peruana: buenas intenciones en los documentos, pero pocos cambios en la vida real de la gente.
