Por Augusto Santillana. Abogado y analista político
Parece que los actuales congresistas vienen siendo conscientes de lo difícil que será asegurar su ansiada “reelección”. Esta vez, sea como flamantes senadores o el premio consuelo, como diputados en el nuevo sistema bicameral del Poder Legislativo. A su casi nula aprobación del 8 %, según encuesta de Datum Internacional para El Comercio, se suma el sostenido desprestigio ciudadano de la Presidenta de la República y del Presidente del Consejo de Ministros, con una aprobación del 3% y del 5%, respectivamente. Es decir, nuestras principales autoridades nacionales, tienen la aprobación por los suelos, merced a los reiterados desatinos, frivolidades y desconexión con la ciudadanía en general.
El Congreso ha modificado su Reglamento, a través de la Resolución Legislativa 001-2025-2026-CR, por el cual, adiciona el artículo 25-A, por el que se exime a los legisladores a atender el principio de neutralidad política y les habilita a hacer campaña electoral dentro del mandato vigente sin que sea considerado una infracción al principio de imparcialidad y neutralidad que todo funcionario del Estado, está en el deber de respetar. El párrafo incorporado describe literalmente: “Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad. Esta disposición no los habilita para que realicen actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las que son miembros o del Pleno del Congreso, salvo que se solicite la respectiva licencia sin goce de haber”.
El principio de neutralidad, reconocido en el artículo 31 de la Constitución Política del Perú, es de cumplimiento obligatorio para todas las autoridades elegidas por voto popular, así como para funcionarios y servidores del Estado, sin excepción.
Este mandato constitucional impone a dichas autoridades y servidores públicos la obligación de no interferir, de ninguna forma, en el normal desarrollo de los procesos electorales ni en la participación política de la ciudadanía.
Por un principio de especialidad, correspondería que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en su calidad de ente rector del sistema electoral y garante de la voluntad popular, que conlleva el respeto y la defensa irrestricta del principio de neutralidad, plantee una demanda de inconstitucional ante el Tribunal Constitucional para dirimir la validez de la disposición dada por el Congreso de la República, teniendo su Reglamento carácter de Ley.
Aunado a la aprobación de sus últimos privilegios por razón del cargo, como el Plan de Salud Premium, el Congreso, con esta nueva disposición coloca en ventaja a los parlamentarios, quienes desde ahora serán los únicos funcionarios públicos que no estarán en la obligación de respetar la neutralidad política de cara a las elecciones generales del 2026. Lo que evidentemente, quiebra además, el principio de igualdad ante la Ley, en este caso, en el ejercicio legítimo a acceder a un cargo por elección popular en igualdad de condiciones que los demás postulantes. Nada raro sería que el mal ejemplo cívico, se expanda a las demás autoridades que están candidateado para cargos a nivel de gobiernos regionales y locales. Faltaría que igual “derecho” sea exigido por las autoridades que se perfilan a postular en las elecciones regionales y municipales.
Sin embargo, es fácil de constatar que reiteradamente las actuales autoridades de los tres niveles de gobierno, en distintas ocasiones, han vulnerado el principio de neutralidad política y vienen haciendo campaña a través del mal uso del cargo, colocando su nombre y foto en paneles sobre anuncios de obras públicas o en semanas de representación que sirven más para apuntalar sus intereses electorales en sus circunscripciones. Entonces cabría preguntarse, ¿cuánto nos importa nuestro sistema democrático y un Estado de derecho? o, intentar cubrir nuestra hipocresía con tal de alcanzar un privilegio disfrazado de mera formalidad que nadie respeta.
