Familiares de desaparecidos, torturados y ejecutados durante el conflicto armado interno exigieron al Ministerio Público evitar que la Ley de Amnistía llegue al Tribunal Constitucional. Alegan que, de hacerlo, este órgano podría validar la norma y limitar el control difuso que los jueces han venido aplicando en los últimos fallos. El pedido se realizó en un plantón frente al Palacio de Justicia, donde también participaron víctimas de esterilizaciones forzadas y organizaciones de derechos humanos.
Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas de La Cantuta, advirtió que la composición actual del TC responde al Congreso y podría favorecer a quienes buscan consolidar la amnistía. “No hay que darle la oportunidad de que declaren esta Ley de Amnistía como constitucional y obliguen a los jueces a actuar. Hoy los magistrados vienen rechazándola en control difuso de manera autónoma”, señaló durante la manifestación.
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) se sumó al pedido y recordó que el reclamo de los familiares tiene más de cuatro décadas. A través de un pronunciamiento en redes, remarcaron que escuchar a las víctimas es esencial para garantizar la búsqueda de verdad y justicia en un país que aún carga con heridas del conflicto armado de 1980 al 2000.
El plantón frente al Palacio de Justicia fue el quinto consecutivo desde agosto. Cada jueves, familiares y colectivos sociales se reúnen para protestar contra la promulgación de la Ley de Amnistía, que según denuncian favorece a militares, policías y comités de autodefensa involucrados en delitos de lesa humanidad. “Estamos viviendo una grave situación de desprotección en materia de derechos humanos”, sostuvo Ortiz, quien acusó al gobierno de impulsar un pacto de impunidad.
A la protesta también se sumaron mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas, quienes denunciaron que la intención del Ejecutivo de retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos responde al afán de evadir responsabilidades. En la misma línea, rechazaron el reciente archivo de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas del 2022 y 2023. Para ellas, la estrategia gubernamental busca blindar a los responsables y cerrar el camino hacia la justicia internacional.
