El gobernador Rohel Sánchez pasó de exigir cárcel y una millonaria reparación civil contra los periodistas de Radio Exitosa Arequipa, a retirarse del proceso sin siquiera dar la cara. El año pasado, el mandatario regional denunció a Christian García Puma y Miguel Ángel Avendaño Flores, alegando agravios al cuestionar su gestión en el Gobierno Regional de Arequipa (GRA).
Sin embargo, el 11 de septiembre, al momento de defender sus acusaciones ante la Corte Superior de Justicia (CSJA), optó por el silencio. No acudió a la audiencia y envió a su abogado Cutberto Paredes Cerpa a anunciar a la jueza Isabel Huanqui Tejada que desistía de la querella. Lo que advierte el fracaso de una denuncia que nació como un instrumento de presión contra los medios de comunicación y sus críticos.
Denuncia sin sustento
La querella inicial fue presentada en noviembre de 2024, cuando el gobernador acusó a los comunicadores de difamación agravada, por haber señalado que su esposa, Luz Marina Zeballos Patrón, ejercía una especie de cogobierno, interviniendo en decisiones administrativas, presupuestales y contrataciones dentro de la institución
Entre las críticas hechas por los hombres de prensa estaban comentarios relacionados al paso de su esposa por diversas oficinas. “Ha ido a áreas en donde hay manejo presupuestal. Toma decisiones para las contrataciones. ¿Quién? gobierna en Arequipa?”, deslizaron en su momento. Incluso se la compararon con la exprimera dama Nadine Heredia, en el contexto de que se adjudica influencia indebida.
Estas expresiones no fueron difamatorias ni agravantes, pues tanto el gobernador como su esposa fueron investigados por este caso. Esto tras la aparición de mensajes de WhatsApp que Luz Marina Zeballos Patrón sostenía con funcionarios y donde se daba a entender su influencia. Hasta el punto de recomendar contrataciones, cuando en el papel no ejerce ningún tipo de poder.
Aún así, la querella exigía una reparación civil por S/ 200,000 (doscientos mil soles) para los periodistas y Radio Exitosa como tercero civil responsable, bajo responsabilidad solidaria, y una pena privativa de libertad de dos años de cárcel para los comunicadores.
No dio la cara
El desenlace —que el gobernador se retire de la demanda antes de que se instale el juicio, y sin pasar por una audiencia presencia para defender su honor— plantea la hipótesis de que la querella era en realidad una estrategia de intimidación contra la labor que ejercen los medios de comunicación.
El periodista y abogado Christian García Puma manifestó al término de la audiencia que este desistimiento significa un triunfo para Exitosa, para los periodistas y para la ciudadanía que tiene derecho a estar informado y a criticar a las autoridades de turno, toda vez que las críticas son parte esencial de la democracia.
“Ninguna autoridad puede creerse intocable. Toda autoridad elegida o designada, está obligada a soportar y responder las críticas y cuestionamientos a su labor, por parte de la prensa y principalmente de la población. Tampoco pueden vulnerar las libertades de información, opinión, pensamiento y de expresión. Ni mucho menos, pretender callar y amenazar a la prensa con juicios. La querella que me interpuso el gobernador regional Rohel Sánchez carecía de pruebas y argumentos. Su acusación irresponsable e intimidatoria sufría indigencia probatoria. Por eso, reculó”, respondió el comunicador.
Miguel Ángel Avendaño, por su parte, remarcó que los comentarios que hicieron fueron sobre la gestión del gobernador como primera autoridad de la región Arequipa, no sobre su vida personal y que el desistimiento confirma que la querella carecía de fundamento legal para continuar su curso.
«Les decimos a la gente que sigan apoyando su derecho a la libertad de expresión, a informarse. Esa es la manera de fortalecer la democracia, no se debe pretender poner una mordaza a los periodistas o a cualquier otro ciudadano», señaló Avendaño.
Tuvieron respaldo
Ambas posiciones fueron respaldadas por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP). El gremio periodístico rechazó la querella desde su inicio, argumentando que la vía penal no debería usarse para sancionar críticas periodísticas. Y advirtió que el monto exigido como reparación civil revela voluntad de escarmentar a los comunicadores.
Para IPYS (Instituto Prensa y Sociedad), la querella era otro ejemplo de cómo las autoridades intentan criminalizar la libertad de expresión, recordando que en Perú no hay delitos de opinión, pero que a menudo se interponen denuncias con el único fin de intimidar.
El desistimiento del gobernador también fue comentado como símbolo de que la presión ciudadana y mediática tuvieron efectos. En la audiencia, decenas de ciudadanos con carteles en mano se acercaron frente a la Corte Superior de Justicia en señal de apoyo a los periodistas.
Sin embargo, este episodio no debe quedar como una mera anécdota. El hecho de que una autoridad presente querellas penales por críticas a su gestión —y que luego las retire cuando enfrenta escrutinio público— genera el riesgo de que en otros casos se use esta vía como amenaza implícita: una mordaza preventiva que disuade a medios y periodistas de hacer su trabajo.
Si bien el desistimiento cierra esta instancia, los periodistas anunciaron que evaluarán acciones civiles y penales contra el gobernador, por el daño que consideran que sí recibieron en este proceso. El cierre de este episodio podría abrir otro litigio, esta vez desde la defensa del derecho a expresarse.
