Desde el 9 de septiembre, Leyder Nelson Riveros Pariona pasó de ser el jefe de Logística del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) a engrosar la lista de prófugos buscados por la justicia. Sucede que el hombre de confianza del gobernador Rohel Sánchez acaba de ser sentenciado a 6 años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada. Esto tras ser hallado culpable en segunda instancia de defraudar a la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), en 2019. Después de conocerse el fallo, desde la región anunciaron la designación de Alexander Javier Solís Montesinos en la misma plaza, pero este otro funcionario también es investigado por corrupción.
Se coludieron
La sentencia N° 204-2025, que obra en el expediente 01626-2022-22-0401-JR-PE-06, fue emitida en segunda instancia por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa (CSJA). Y también alcanza al exgerente de Autodema, Napoleón Ocsa Flores; al ex-encargado del Archivo Técnico en la Gerencia de Recursos Hídricos de Autodema, Braulio Jesús Vera Guzmán; y al representante de la empresa P&M Tactical SAC, Harry Pierre Morales Vega.
La investigación apuntó a la Adjudicación Simplificada N.° 003-2019-GRA-AUTODEMA. Un proceso para la compra de uniformes y calzado de seguridad para el personal de la entidad. Según el Ministerio Público, Riveros Pariona utilizó su cargo como jefe de Logística para manipular estudios de mercado y direccionar la contratación hacia P&M Tactical SAC con montos sobrevalorados.
Durante la investigación se determinó que el exfuncionario de Autodema solicitó S/ 77,856 de certificación presupuestal para adquirir los uniformes. Esto pese a que el Plan Operativo Institucional sólo autorizaba S/ 68,820. Posteriormente, en un nuevo informe, elevó la cifra a S/ 78,034 para adquirir estos bienes.
Todo por un sencillo
El problema de los montos surge porque se hicieron cotizaciones a empresas sin experiencia en el rubro textil, como Importadora Selene E.I.R.L. y Torres Condori Ruth Marisol, ambas vinculadas al comercio de materiales de construcción y ferretería. Según la Fiscalía, estas empresas concertaron previamente para presentar valoraciones elevadas. De este modo, el privado que se alzó con la licitación pujó el precio más bajo y se aseguró el proceso.
Incluso, el Órgano de Control Institucional de la Contraloría de la República obtuvo cotizaciones reales que no superan los S/ 60,164.80. Es decir, el valor referencial se había sobrevalorado en más de S/ 17,000. Este proceso de cotizaciones manipuladas se realizó en dos oportunidades.
En su momento, los peritajes de Contraloría, sustentados por el auditor Joel Francisco Tanco Arredondo, confirmaron la manipulación. Se acreditó que el ahora sentenciado permitió que se usaran cotizaciones ficticias y que ignorara compras previas realizadas por la misma entidad, donde uniformes similares habían costado S/ 68,970.
Incumplió el contrato
La irregularidad no terminó en la etapa de contratación. Durante la ejecución, el funcionario firmó órdenes de compra a favor de P&M Tactical SAC y remitió comunicaciones que facilitaron la ampliación de plazos. Incluso se alteraron fechas de recepción de documentos para simular que la empresa había cumplido con el contrato. Esto pese a que hubo un retraso de 28 días en la toma de tallas del personal.
En la recepción de bienes también se detectaron deficiencias. El acta de constatación del 10 de septiembre de 2019 registró que varias prendas no cumplían con las especificaciones técnicas. Y es que se entregaron gorros de drill en color distinto al exigido, camisas sin los bordados solicitados, chalecos sin cinta reflectiva y pantalones térmicos sin elástico en la cintura. A pesar de ello, se dio la conformidad y se autorizó el pago sin ningún tipo de observaciones.
La Fiscalía presentó como prueba correos internos, actas de recepción y los propios informes firmados por Riveros Pariona, que evidenciaban su participación activa en el ilícito. Uno de los documentos claves fue la Carta N° 047-2019, en la que remitió la lista de tallas de los trabajadores, una obligación que correspondía al contratista y no a la entidad. Esa acción permitió encubrir el incumplimiento y evitar la aplicación de penalidades.
El perjuicio patrimonial fue calculado en S/ 15,272. De ese monto, S/ 7,572 corresponden a bienes que incumplían especificaciones técnicas y S/ 7,700 a penalidades no ejecutadas por los retrasos. Los magistrados concluyeron que el sentenciado, en lugar de velar por los intereses de Autodema, protegió de manera indebida a la empresa contratista.
Quiso deslindarse
En su defensa, Riveros Pariona alegó que los estudios de mercado habían sido realizados por personal técnico y que él actuó bajo el principio de confianza. También sostuvo que su vínculo laboral terminó antes de que se otorgaran conformidades y pagos finales. Sin embargo, el tribunal desestimó estos argumentos, señalando que, como jefe de Logística, tenía la obligación de dirigir y supervisar todo el proceso.
La sentencia no solo establece prisión efectiva, sino también su inhabilitación para ejercer cargos públicos durante cinco años, además del pago de una multa equivalente a S/ 10,645.83 a favor del Tesoro Público.
El fallo también responsabiliza a Braulio Vera Guzmán, encargado de archivo técnico, quien participó en la elaboración de especificaciones deficientes y en la aprobación de pedidos de compra. Asimismo, se determinó la complicidad de Harry Pierre Morales Vega, representante legal de P&M Tactical SAC, cuya empresa fue la principal beneficiada con las irregularidades.
Sánchez lo respaldó
La gravedad del caso es aún mayor si se considera que, pese a que estaba siendo investigado por este caso y por muchos otros, fue designado jefe de Logística del Gobierno Regional de Arequipa por el gobernador Rohel Sánchez. Desde esa posición, continuó manejando adquisiciones millonarias, pese a tener un prontuario que debería haberlo inhabilitado.
Para los consejeros regionales César Huamantuma Alarcón y Fernando Cornejo Pacheco, el nombramiento revela un encubrimiento indirecto de la actual gestión regional, así como la falta de filtros en plazas de alto nivel. Y es que la presencia de un investigado por corrupción en ese cargo estratégico envía un mensaje de impunidad, que en su momento fue avalado por el propio gobernador.
“Es lamentable la noticia, el funcionario es responsable de las contrataciones millonarias que realiza el gobierno regional, como puede ser posible que se haya nombrado un funcionario con esos antecedentes. Es otro escándalo, ojalá el gobernador ahora no le eche la culpa al Poder Judicial y asuma su responsabilidad”, dijo Huamantuma a Revelación.pe.
En esa línea, Cornejo acotó: “Se entiende que debería haber un filtro previo para entrar a trabajar. Había ya una sentencia en primera instancia, así que la verdad que es inentendible las decisiones que se han adoptado en el Gobierno Regional de Arequipa”. Actualmente, Riveros Pariona se mantiene prófugo, su paradero es desconocido y las autoridades judiciales ya ordenaron su ubicación y captura.
Uno igual quel otro
Lejos de enmendar el error por sostener a un individuo en medio de un juicio por corrupción y que terminó sentenciado, la administración regional de Sánchez volvió a tropezar con la misma piedra. Pues se nombró en el cargo a Alexander Javier Solís Montesinos, un funcionario que carga con una investigación por nepotismo y presuntas irregularidades en gestiones anteriores.
Su designación en Logística se oficializó mediante la Resolución Gerencial General Regional N.° 532-2025/GG y se hizo pública a través de un comunicado oficial. El pronunciamiento se limitó a resaltar su responsabilidad de garantizar procesos “eficientes e íntegros”, pero omitió mencionar el motivo de la salida de Leyder Riveros. Además, tampoco dicen nada sobre los antecedentes de Solís Montesinos. Y es que el nuevo funcionario fue investigado por la Contraloría General de la República cuando se desempeñaba como jefe de la Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial en la Municipalidad Provincial de Picota, en la región San Martín.
Por Nepotismo
En enero de 2023, desde ese puesto, era también responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones, instancia desde la cual se produjo una grave contratación irregular. El caso detectado por la Contraloría revela que, entre febrero y diciembre de 2023, el municipio contrató bajo la modalidad de locación de servicios a Flor Isabel Mayhuire Orizano, madre de los dos hijos menores de edad de Solís Montesinos. Ella prestó servicios en la Subgerencia de Gestión Ambiental y Servicios Municipales como asistente en sanidad animal, en el camal municipal de Picota.
El informe de control precisa que esta contratación, prohibida por ley al existir un vínculo de parentesco en primer grado de afinidad, se extendió hasta enero de 2024, generando pagos por un total de S/ 23,000 a favor de la madre de sus hijos. Documentos como comprobantes SIAF y actas de recopilación de información corroboraron el vínculo familiar y la continuidad de los pagos, lo que configuró un caso evidente de nepotismo.
Así, mientras el Gobierno Regional intenta mostrar la designación de un nuevo jefe de Logística como un acto de transparencia, lo cierto es que el funcionario nombrado carga con antecedentes que empañan su idoneidad. El silencio oficial sobre la condena de Riveros Pariona y el historial cuestionado de Solís Montesinos refuerzan la percepción de que en la administración regional la lucha contra la corrupción se predica en comunicados, pero se no conjuga con los hechos.
