El debate por el control de la mano de obra en las obras públicas de Arequipa vuelve a encenderse. El presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, Aaron Maldonado López, presentó un proyecto de ordenanza que busca derogar la Ordenanza Regional N.° 283, que desde 2014 establece la distribución de la cuota laboral en las obras por administración directa. A decir del parlamentario regional, dicha cuota es injusta para el resto de trabajadores no sindicalizados. En tanto, el gremio de Construcción Civil ha anunciado protestas con el fin de defender sus privilegios.
Norma injusta
La actual ordenanza fija que el 60 % de los puestos de trabajo sean cubiertos por afiliados al Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa (STTCA) y el 40 % restante por contrataciones directas de la entidad. Con el tiempo, esta disposición se convirtió en un punto de tensión entre el Gobierno Regional y el gremio. El propio gobernador Rohel Sánchez acusó de extorsionar a la gestión para mantener sus privilegios.
El mandatario denunció públicamente que los dirigentes sindicales presionaban con paralizar proyectos si no se atendían sus reclamos. Entre los incidentes mencionó la paralización de obras como la Nueva Molina, en La Joya, lo que generó pérdidas económicas, retrasos en la ejecución de proyectos y hasta actos de violencia. Estas denuncias motivaron la propuesta de derogatoria impulsada por Maldonado.
“El proyecto de ordenanza plantea la derogatoria de la Ordenanza 283, fundamentado en que va en contra de la Constitución Política del Perú. Básicamente de los artículos 2 y 26, que establecen la igualdad ante la ley y el derecho de todos a acceder al trabajo en las mismas condiciones. No puede haber privilegios para un solo sindicato”, declaró Maldonado López al sustentar su propuesta.
El consejero agregó que la norma favorece exclusivamente al Sindicato Único de Trabajadores de Construcción Civil de Arequipa. Y dijo que en la región existen otros gremios que quedaron excluidos de esta “bolsa de trabajo”. “Me parece injusto que las personas que no están agremiadas no puedan acceder, mientras que el sindicato mantiene un poder desproporcionado. Eso ha derivado en prepotencia y en actos de coacción contra la gestión”, enfatizó.
Anuncian protestas
En contraposición, el secretario general del sindicato, Alfredo Phuno Ccala, rechazó enérgicamente la iniciativa y advirtió que defenderán la norma con movilizaciones. “Nosotros como trabajadores vamos a hacer prevalecer la Ordenanza Regional 283. No es como él dice, que hay ocho sindicatos más. Eso no existe en Arequipa. Esta ordenanza se firmó con la organización de trabajadores reconocidos y no vamos a retroceder. Si tenemos que salir, vamos a salir. Si tenemos que declarar un paro regional, lo vamos a hacer”, señaló.
El agremiado defendió que la cuota sindical no es un mecanismo de discriminación, sino una forma de ordenar la participación laboral y evitar conflictos como los que se producen en otras regiones del país. “Acá no hay discriminación alguna. Todos pueden sindicalizarse. La diferencia es que nosotros somos trabajadores organizados y estamos amparados por la Constitución”, añadió.
El proyecto de derogatoria ya fue presentado a la Comisión de Presupuesto, que integran los consejeros Juan Carlos Juan Carlos Huanca Molero y Marleny Arminta Valencia. Según Maldonado, se espera que en los próximos días emitan su adhesión o recomendaciones. Mientras se recaban también las opiniones de la asesoría jurídica del Gobierno Regional de Arequipa, el Colegio de Ingenieros y organizaciones sociales.
De aprobarse, la derogatoria dejaría sin efecto un régimen laboral que por más de una década aseguró la participación mayoritaria de un sindicato en las obras públicas, pero que ahora es señalado como foco de extorsiones y abusos de poder. El gobernador Sánchez, principal denunciante, aún no se ha pronunciado sobre la propuesta. Pero su postura crítica frente al gremio marca un antecedente de apoyo tácito.
La disputa, sin embargo, ya anticipa un escenario de confrontación. Mientras el Consejo Regional discute la legalidad de la ordenanza y su supuesta violación a principios constitucionales, el sindicato advierte con paralizar obras y tomar las calles. El desenlace de este pulso entre autoridades y gremio definirá no solo el futuro de la norma, sino también la gobernabilidad en un sector clave para el desarrollo regional.
