La reciente aprobación de la Ordenanza Regional N° 538-AREQUIPA, que establece la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI) en colegios, centros de salud y espacios comunitarios, generó un intenso debate entre las autoridades locales. Mientras especialistas defienden la medida como una herramienta de prevención frente a la violencia sexual y el embarazo adolescente, otros la cuestionan desde posturas ideológicas.
Educación sexual para todos
El Consejo Regional de Arequipa aprobó la norma el 8 de julio de 2025, en sesión ordinaria, luego de recibir el dictamen favorable de la Comisión de la Mujer, Niño, Adolescente, Persona con Discapacidad y Adulto Mayor. La ordenanza busca articular esfuerzos entre la Gerencia Regional de Educación y la Gerencia Regional de Salud para aplicar de manera transversal la ESI en toda la región.
En la práctica, la norma dispone que las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) acompañen y supervisen la implementación de la educación sexual en instituciones de Educación Básica Regular. También establece que las redes de salud promuevan talleres comunitarios para adolescentes y familias, con un enfoque preventivo frente a la violencia y el embarazo precoz.
Además, se crea un programa de incentivos para reconocer a las escuelas que cumplan con la normativa y promuevan buenas prácticas en la materia. La ordenanza exige también campañas de comunicación regional y la inclusión de la ESI en los planes operativos institucionales de Educación y Salud, con presupuesto asignado.
En contra
Pese a la claridad de sus alcances, la norma fue cuestionada por el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger Marroquín, quien calificó la ordenanza como “pro-abortista” y sostuvo que atenta contra la patria potestad de los padres. Sus declaraciones, sin sustento en el contenido real de la norma, fueron ampliamente criticadas por especialistas y autoridades regionales.
“Se habla mucho sobre educación sexual, ideología de género. Siempre hay que hacer una lectura política para ver qué hay detrás. Esta ordenanza es pro-abortista, nunca lo dicen abiertamente. Este tipo de ordenanzas encubren su finalidad que es aprobar el aborto. Eso es matar a un ser humano”, declaró Bolliger, agregando que la medida significa un intento del Estado de imponer un modelo de vida y familia.
El alcalde incluso deslizó comentarios discriminatorios al afirmar: “Mejor que todos sean homosexuales, mejor hombre con hombre, mujer con mujer, y los que son hombres con mujer mejor que no tengan hijos. ¿A eso vamos?”. Sus expresiones no solo se alejan del debate técnico, sino que evidencian un discurso cargado de prejuicios, que distorsiona los objetivos de la política pública aprobada por el Consejo Regional.
Defiende su proyecto
Desde la comisión que promovió la ordenanza, la consejera Norma Ortega Valdivia respondió con firmeza a los cuestionamientos. Recordó que la ESI no es una iniciativa aislada, sino una estrategia nacional incluida en la currícula escolar desde 2016 y vinculada al Proyecto Educativo Nacional al 2036.
“Esta ordenanza regula la implementación de una estrategia que ya existe en nuestra currícula desde el 2016. Lo que se busca es atender las cifras alarmantes de violencia sexual que afectan a niñas y adolescentes. Lamentamos que se emitan opiniones desde el desconocimiento, generando miedo en la población”, declaró Ortega.
La consejera añadió que la norma no vulnera la patria potestad de los padres ni busca reemplazar el rol de la familia, sino complementarlo. “De ninguna manera se está recortando el derecho de los padres en la educación de sus hijos. La escuela y las familias no se reemplazan, se complementan. El Estado no puede dejar a la suerte de cada persona una educación que es un derecho”, precisó.
También advirtió que existen familias donde sí se brinda una adecuada formación sexual, pero en muchos casos esa tarea se omite, lo que deja a miles de niños y adolescentes expuestos a riesgos. “El Estado no puede ignorar a esos menores. Brindar acceso a información adecuada y gradual para cada edad es parte de su obligación de garantizar derechos”, sostuvo.
La ordenanza, en ese sentido, constituye un marco normativo que fortalece la prevención de la violencia sexual, promueve derechos reproductivos y busca asegurar que los adolescentes reciban información confiable. Su implementación dependerá del trabajo articulado de Educación, Salud, gobiernos locales y comunidad, pero ya enfrenta el reto de combatir la desinformación que, como se ha visto, surge incluso desde autoridades municipales.
