La Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos solicitó al Poder Judicial que se imponga impedimento de salida del país por 12 meses a Betssy Chávez Chino, expresidenta del Consejo de Ministros. La medida restrictiva responde a la acusación en su contra como presunta coautora del delito de rebelión y busca asegurar su permanencia en el país durante el proceso penal.
El requerimiento fue formulado por la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera, quien sustentó que, en aplicación de los artículos 295 y 296 de la Constitución, la medida resulta necesaria frente al riesgo de que la exfuncionaria eluda la acción de la justicia. Chávez enfrenta un proceso judicial vinculado a los sucesos del 7 de diciembre de 2022, cuando Pedro Castillo intentó disolver el Congreso.
El pedido fiscal llega en un momento clave: apenas cuatro días después de que el Tribunal Constitucional dispusiera la libertad de Chávez, al declarar vulnerado su derecho a no padecer detenciones arbitrarias. El fallo del TC recordó que la ex primera ministra permaneció encarcelada ocho días más allá del plazo de prisión preventiva, lo que calificó como una grave transgresión de garantías fundamentales.
En su sentencia, el máximo intérprete de la Constitución cuestionó duramente a la Fiscalía por solicitar la prolongación de la prisión un día antes de que venciera el plazo, calificando esa práctica de “inveterada y preocupante”. Además, criticó al Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria por avalar una decisión que derivó en la consumación de una detención arbitraria.
La medida restrictiva solicitada por el Ministerio Público marcará la siguiente etapa en el caso de Betssy Chávez. De ser aceptada, la ex primera ministra deberá permanecer en el país mientras enfrenta un juicio que, según la acusación, compromete la estabilidad de los poderes del Estado y la vigencia del orden democrático.
