La sangre corría por el piso y los gritos de auxilio hacían eco dentro del campamento minero de Cuajone, en Moquegua. A las diez y media de la noche del 20 de noviembre de 2023, la periodista Susana Belén Ríos Cachay fue hallada inconsciente, semidesnuda y con la cabeza abierta, tras haber sido brutalmente golpeada por su expareja. A su lado, sus hijos pequeños temblaban en silencio. Nadie en aquel lugar podía imaginar que esa escena marcaría el inicio de una batalla contra la muerte, la indiferencia y la impunidad.
Fueron los vecinos del campamento Villa Botiflaca quienes alertaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) sobre este caso de violencia familiar. Al llegar, los agentes encontraron un escenario escalofriante: la ventana rota, gritos desgarradores y una mujer tendida en el suelo. Ella vestía apenas ropa interior y estaba inconsciente. A su lado, sin polo, con manchas de sangre en el short y en evidente estado de ebriedad, se encontraba su agresor y a la vez padre de sus hijos, Héctor Kenny Miranda Conde, de 43 años.
El diagnóstico médico reveló traumatismo craneoencefálico grave, fractura de cráneo, hemorragia epidural, fracturas de costillas y de columna vertebral, traumatismo de tórax y múltiples lesiones internas. En términos simples, Susana había quedado paralítica de por vida tras la brutal agresión.
Lucha contra la impunidad
A pesar de la evidencia, el caso no avanzó como correspondía. La Fiscalía archivó la investigación bajo argumentos cuestionables y pruebas clave que — según la víctima — desaparecieron. Durante la investigación, las cámaras de seguridad no fueron entregadas y vecinos del campamento se negaron a declarar. “Me borraron del expediente, como si mi vida no valiera nada”, denunció la comunicadora a Revelación.pe.
“Ninguno (de los testigos) ha querido declarar. El fiscal se ha amparado en eso para archivar el caso (…) Hay testigos que me dicen de la misma central de cámaras que mandaron a borrar todo lo que pasó, que no hay videos, no hay nada”, insiste en su hipótesis razonable de una falta de colaboración de la minera con la investigación.
En paralelo, la respuesta de la empresa minera generó indignación. Aunque el ataque ocurrió dentro de sus instalaciones, Southern Perú mantuvo en labores al agresor Miranda Conde por casi un mes. Finalmente, lo hicieron renunciar “voluntariamente” y le entregaron todos sus beneficios laborales.
Susana advierte que hubo graves fallas de seguridad. El campamento aplicaba una política de tolerancia cero al alcohol, pero el agresor estaba ebrio dentro de las viviendas familiares. “Grité auxilio, pero el personal de seguridad nunca vino. Me dejaron sola”, recuerda Susana. Esta actitud denota que la empresa no aplicaba controles estrictos de seguridad.
A foja cero
La situación cambió cuando la Fiscalía de Mariscal Nieto reabrió la carpeta fiscal, tras la presión de colectivos de mujeres, organizaciones sociales y abogados que se sumaron a su defensa. Actualmente, la víctima cuenta con el respaldo del Centro de Emergencia Mujer (CEM) y la observación de la ONG Promsex. Su caso se ha convertido en un emblema contra la violencia de género en el Perú.
La periodista sostiene que detrás del archivo inicial existió un presunto encubrimiento, pero la gravedad de sus lesiones y los diagnósticos médicos respaldan su versión. No se trató de un incidente menor, sino de una agresión brutal con la intención de acabar con su vida.
En el aspecto legal, la tentativa de feminicidio conlleva la misma pena que un feminicidio consumado: hasta 35 años de cárcel o cadena perpetua. Sin embargo, los vacíos en la investigación inicial aún ponen en riesgo que la justicia sea efectiva. A ello se suma la responsabilidad empresarial.
¿Cómo es posible que un trabajador ebrio ingresara a un campamento donde viven familias y hay un colegio al costado? La empresa violó sus propios protocolos de seguridad. Así, mientras lucha por justicia, Susana enfrenta las secuelas físicas de por vida. Necesita terapias constantes, cuidados médicos y apoyo emocional. Sin embargo, también ha encontrado solidaridad en ciudadanos y profesionales de salud que se ofrecieron a ayudarla.
“Yo soy periodista, madre y artista. Tenía una vida plena. En segundos, me lo arrebataron todo. Ahora vivo en un cuerpo paralizado, pero con una voz que no pienso callar”, declara con firmeza. Su caso también se ha convertido en símbolo de resistencia, visibiliza la violencia ejercida contra ella, la indiferencia institucional y empresarial que permitió que el agresor gozara de beneficios, mientras la víctima quedaba en el abandono.
Este medio solicitó una versión a los representantes de Southern Copper Perú. Luego de esperar varios días señalaron que «no se pronunciarán sobre un caso que está judicializado».
