El conflicto por la finca rústica “Pájaro Bobo”, un extenso predio de casi 50 mil hectáreas en Pampa Baja, parece no tener fin. Aunque el Tribunal Constitucional reconoció la propiedad en favor de la empresa Inversiones Signus SAC hace más de una década, la sentencia nunca se ejecutó plenamente.
Entre escritos dilatorios, nulidades y resoluciones que se entrampan en los juzgados, el terreno sigue en disputa mientras Autodema insiste en figurar en los registros públicos. En medio de este laberinto legal, los propietarios denuncian que incluso se ha abierto espacio para el tráfico de tierras y posibles estafas a ciudadanos incautos, generando un escenario donde la seguridad jurídica está en jaque.
Una batalla legal
El caso se originó en 2009, cuando el entonces propietario Michael Robert Huaco Menéndez interpuso un proceso de amparo para evitar que Autodema anule la inscripción registral de la finca rústica “Pájaro Bobo”. En noviembre de 2012, el TC falló a su favor y ordenó dejar sin efecto la superposición de registros de Autodema. Posteriormente, Signus adquirió la propiedad en 2013 y asumió la condición de sucesor procesal.
No obstante, en los 13 años transcurridos, la ejecución de la sentencia se ha visto entrampada por escritos dilatorios, nulidades y observaciones técnicas que han impedido el cumplimiento efectivo del fallo. “El juez Linares ha convertido un proceso de amparo en uno de desamparo”, cuestionó el abogado Wilber Medina Bárcena, representante de Signus, al denunciar la pasividad del Segundo Juzgado Constitucional de Arequipa.
La empresa acusa al juez Jorge Luis Linares Cuadros de incumplir su deber como director del proceso, permitiendo que Autodema mantenga inscripciones en registros públicos sobre el predio. Esto pese a que el TC declaró firme la titularidad de la finca en favor de Signus. Por ello, presentaron la Queja N° 1987-2025-Arequipa ante la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial.
Más líos judiciales
A lo largo de estos años, se emitieron distintas resoluciones que debían destrabar la ejecución. En 2021, el juzgado ordenó nuevos partes registrales y la incorporación de planos visados por un verificador catastral, pero nuevamente surgieron observaciones. Más tarde, en 2022, un juez dispuso suspender la ejecución hasta precisar linderos, lo que llevó a la empresa a interponer una apelación por salto ante el TC.
El 19 de diciembre de 2023, el máximo intérprete de la Constitución declaró fundada la apelación y ordenó continuar con la ejecución de la sentencia. En esa misma resolución, el TC subrayó en su fundamento N° 20 que la propiedad de Signus está “fehacientemente acreditada” en el Registro de Predios y, en el fundamento N° 33, apercibió a Autodema bajo sanción de multa por su persistencia en desconocer la sentencia..
La dilación del proceso no solo afecta a la empresa propietaria. Según el letrado, en el predio se habría generado un tráfico de terrenos, con la venta irregular de lotes a ciudadanos que terminan estafados. Uno de los afectados interpuso demanda por estafa agravada y ganó en primera instancia. “Estamos ante un escenario donde incluso el desarrollo regional puede verse perjudicado, porque la inseguridad jurídica ahuyenta inversiones”, alertó el abogado Medina Bárcena.
Esperan respuesta del PJ
Desde Autodema, la versión oficial fue distinta. Consultados sobre las acusaciones, el área de Imagen Institucional respondió: “Autodema respeta la sentencia del TC. Sin embargo, considera que el Poder Judicial es independiente y será este órgano quien determine, en base a las pericias que se realizarán, los linderos de las más de 49 mil hectáreas que reconocemos que son de la empresa Signus”, señalaron.
La Procuraduría del Gobierno Regional también ha sido señalada por Signus de presentar escritos “maliciosos” para entorpecer la ejecución. Como ocurrió en noviembre de 2024, cuando solicitó la nulidad de actuados pese a que los peritos ya habían emitido su informe. La empresa insiste en que estas acciones buscan retrotraer el proceso y desconocer lo ordenado por el TC.
Para Signus, el problema trasciende su caso particular: cuestionan que un juzgado pueda contravenir un fallo con calidad de cosa juzgada. “El incumplimiento del juez nos lleva a preguntarnos si un juzgado puede estar en contra del Estado de derecho”, manifestó Medina. Mientras tanto, el futuro del fundo “Pájaro Bobo” sigue en suspenso.
