El Congreso ha puesto en la mira a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza. En un plazo máximo de 15 días, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá entregar su informe final sobre la denuncia constitucional que la acusa de haber favorecido al exfiscal Pablo Sánchez al archivar la investigación por su presunta injerencia en el caso “CNM Audios”. La ofensiva parlamentaria, respaldada por las bancadas mayoritarias, podría terminar con la destitución e inhabilitación de Espinoza, además de abrirle procesos penales.
La denuncia constitucional 570 fue admitida en julio con amplio respaldo político: once votos a favor y apenas dos en contra. Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Libre, Somos Perú y Podemos Perú cerraron filas en torno a la acusación, en un reflejo de la inusual coincidencia entre bancadas enfrentadas en otros temas. Para los denunciantes, Espinoza actuó con un claro conflicto de intereses, ya que Sánchez votó a favor de su elección como fiscal de la Nación.
El informe de calificación advierte que la decisión de archivar la investigación no solo implicaría un posible encubrimiento, sino también el incumplimiento del deber constitucional de objetividad. De prosperar la acusación en el Pleno, Espinoza perdería el cargo, quedaría inhabilitada y enfrentaría eventuales procesos penales. El caso amenaza con agudizar la confrontación entre el Congreso y el Ministerio Público.
Desde las filas parlamentarias, la ofensiva contra Espinoza se enmarca en críticas constantes hacia la Fiscalía. Los legisladores acusan al Ministerio Público de actuar con motivaciones políticas y de promover investigaciones selectivas. Incluso han impulsado proyectos de ley para sancionar a jueces y fiscales, mientras una comisión especial estudia reformas al sistema de justicia.
Espinoza, por su parte, se ha defendido responsabilizando al Ejecutivo por los recortes presupuestales que, asegura, limitan la labor fiscal. También ha cuestionado leyes impulsadas por el Congreso que —a su juicio— debilitan la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, la presión no cede. Voces como la del congresista Alejandro Cavero reclaman que la fiscal rinda cuentas directamente en el Parlamento sobre cada sol asignado a su institución.
