Javier Huaraya y Roberth Orihuela
El escándalo por la difusión de supuestos chats que revelarían una red de corrupción al interior del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para controlar obras sigue escalando. Tras la publicación de Revelación.pe, donde se exponen esos hechos, se conoció de la renuncia de Valeria Chipana Quispe al cargo de jefa de Asesoría Jurídica. Además, los consejeros regionales exigieron la inmediata actuación del Ministerio Público para esclarecer los hechos que comprometen al aún gerente general Johan Cano Pinto —con el cargo pendiendo de un hilo— y a Chipana Quispe. El temor es que las posibles pruebas se pierdan, como ya pasó en casos anteriores, debido a la lentitud de la Fiscalía.
¿Se negaron a entregar celulares?
Luego de la publicación, el primero en pronunciarse fue el gobernador Rohel Sánchez. Este trató de transmitir un mensaje de respaldo a sus funcionarios alegando que los chats «son falsos». Y en esa línea, estuvo seguro al señalar que se pondría una denuncia ante el Ministerio Público con el fin de que Johan Cano y Valeria Chipana «se pongan a disposición y autoricen el levantamiento de sus comunicaciones y entreguen sus celulares. Entonces, ¿para qué complicarse la vida? Que la instancia correspondiente investigue», declaró muy seguro. Y añadió que, mientras tanto, los funcionarios no podían dejar sus cargos.
Sin embargo, al parecer ni Chipana ni Cano habrían estado de acuerdo con el gobernador. Fuentes internas del GRA contaron a este medio que los aludidos se habrían negado a cumplir con estas exigencias. En el caso de Chipana Quispe, la presión por su salida fue inmediata, en parte por el peso de su cargo, al tratarse de la funcionaria responsable de los asuntos legales de la institución.
A la par, este medio accedió al portal de seguimiento de trámites administrativos del GRA, donde se registró el ingreso del expediente N.° 3638-2025-OGRH. Dicho documento detalla el informe de verificación y cumplimiento del perfil de puesto para designaciones de libre disposición, incluyendo el currículum vitae de Bradley Fitzerald Alarcón Manrique. Todo apunta a que él asumiría la jefatura de Asesoría Jurídica en las próximas horas.
En tanto, las mismas fuentes han señalado que se pidió a Johan Cano presentar su carta de renuncia. En su lugar sería designado Berly Gonzales Arias, actualmente en el cargo de Jefe de Oficina de internacionalización y Cooperación Técnica Internacional. El problema es que Gonzales tendría dudas para asumir el puesto, por la responsabilidad y el tamaño de los problemas que persisten en la gestión de Rohel Sánchez.
Podrían eliminar pruebas
Respecto al escándalo, el primero en levantar la voz en el Consejo Regional fue César Huamantuma Alarcón. A través del Oficio N.° 464-2025-GRA/CR/CAHA, dirigido a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, pidió una intervención de oficio inmediata. Según advirtió, se busca evitar que posibles pruebas como mensajes y comunicaciones digitales puedan ser eliminadas.
En el documento, Huamantuma expone que tomó conocimiento de las conversaciones atribuidas a Cano Pinto, donde se evidenciarían maniobras para controlar la Gerencia de Infraestructura, direccionar obras viales, remover funcionarios y coordinar con empresarios vinculados a contrataciones. “Solicito a su despacho evaluar la pertinencia de iniciar diligencias para recabar los elementos de convicción necesarios”, señala el oficio.
En este punto vale recordar lo que pasó en 2023, cuando a principios de la gestión de Rohel Sánchez se denunció, con otros chats, la injerencia de Luz Marina Zeballos Patrón, esposa del gobernador, en la contratación de ciertos personajes. A pesar del evidente tráfico de influencias, la Fiscalía intervino 6 meses después. Finalmente el caso se archivó porque el celular, la prueba clave, ya no existía. Según dijo la propia Luz Marina Zeballos, se le perdió. Por tanto, el pedido del consejero Huamantuma tiene el afán de evitar que ahora pase lo mismo.
El legislador también remitió un segundo oficio, el N.° 465-2025-GRA/CR/CAHA, a la procuradora pública regional, Luz Amparo Begazo Burga de Dávila. En el escrito le exige adoptar acciones legales en defensa del Gobierno Regional de Arequipa y coordinar con la Fiscalía para esclarecer responsabilidades.
Asimismo, reiteró que la transparencia exige que el funcionario dé un paso al costado mientras duren las investigaciones. “El Ministerio Público debe intervenir de manera inmediata. Una manera de transparentar que una persona es inocente es poniéndose a disposición plena de las autoridades, entregar sus celulares, pedir el levantamiento de sus comunicaciones y retirarse del cargo”, manifestó.
Lo citan al Pleno
Por su parte, la consejera Marleny Arminta Valencia se sumó al pedido de investigaciones preliminares. En su pronunciamiento subrayó que los indicios de delito obligan a actuar sin demora. “Lo más conveniente es dar un paso al costado hasta que se aclaren los hechos”, señaló. La legisladora regional también envió el Oficio N.° 436-2025-GRA/CR-MBAV al propio gerente general, exigiendo que se presente ante el Consejo Regional de Arequipa. En el documento lo insta a acudir con carácter de urgencia para ofrecer explicaciones públicas. “Le solicitamos acudir al Consejo Regional para ofrecer su versión de los hechos. Su presencia debe darse a la brevedad posible”, se lee.
En la misma línea, desde la presidencia del Consejo Regional también se adoptaron medidas. El titular Osías Ortiz Ibáñez citó formalmente al funcionario a la sesión ordinaria del próximo martes 9 de septiembre. Conforme al Oficio N.° 1358-2025-GRA/CR, se enfatiza que su presencia es indispensable para abordar la polémica y transparentar la gestión.
El caso genera fuerte preocupación debido a que los supuestos chats evidenciarían coordinaciones con asesores jurídicos y empresarios, además de la manipulación en el nombramiento de funcionarios clave. Según los consejeros, estos hechos afectarían la gobernabilidad dentro de la institución.
Reclaman su separación
En la misma línea, el consejero Fernando Cornejo Pacheco pidió la separación inmediata del gerente. En su declaración a este medio de comunicación consideró que Cano Pinto debe apartarse del cargo “por un tema de transparencia”. Al igual que sus homólogos, solicitó la intervención de la Fiscalía para corroborar la veracidad de las conversaciones filtradas.
Cornejo advirtió que los mensajes se conocieron en un contexto delicado: cambios en dos gerencias estratégicas del gobierno regional. “Llama mucho la atención y corresponde que el Ministerio Público realice investigaciones preliminares cuanto antes”, afirmó.
Los consejeros coinciden en que la Fiscalía no puede esperar una denuncia formal, sino que debe actuar de oficio por la gravedad de los hechos revelados. “Aparentemente hay serios indicios de delito”, insistió la consejera Arminta Valencia, reforzando la urgencia del caso.
El tema no solo se limitó a la Fiscalía y la Procuraduría. Los legisladores remarcaron que, al tratarse de presuntos actos de corrupción, el Consejo Regional tiene la obligación de ejercer su rol de fiscalización. Por ello, también evalúan la conformación de una comisión especial investigadora, a fin de determinar algún tipo de responsabilidad administrativa de quienes resulten involucrados.
Tal parece que la permanencia en el cargo del gerente general se ha vuelto insostenible para varios consejeros, quienes remarcan que su renuncia facilitaría el proceso de investigación y despejaría cualquier sombra sobre la gestión regional. El desenlace de este caso ahora está en la cancha del Ministerio Público.
