El poder y la sombra vuelven a encontrarse en el centro de Lima. En el histórico restaurante El Cordano, captaron al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en una cita reservada con Marco Palacios Meza, exsocio de su estudio y presunto operador en la red criminal que la Fiscalía le atribuye. El encuentro, fechado entre mayo y junio, refuerza las sospechas sobre una organización que, según el Ministerio Público, enlaza a abogados, mandos policiales, empresarios y hasta al entorno más cercano de la presidenta Dina Boluarte.
La revelación periodística añade peso a la tesis fiscal que coloca a Santiváñez como cabecilla de la organización Ícaro. Desde su llegada al Ministerio del Interior en 2024 y posterior pase al despacho de Justicia, el abogado mantuvo influencia en cargos estratégicos. El fiscal Carlos Ordaya le imputa delitos que van desde tráfico de influencias hasta encubrimiento. Todos en beneficio de aliados políticos y económicos, entre ellos la minera El Dorado.
Uno de los nexos más polémicos es el que lo une a Nicanor Boluarte. Testigos protegidos aseguran que Marco Palacios negoció un arraigo laboral ficticio para el hermano de la mandataria, con el objetivo de evitar una prisión preventiva. La Fiscalía detalla que empresarios pagaron altas sumas para sostener esta red de favores que alcanzó también a generales de la Policía Nacional, quienes conservaron sus puestos gracias a sobornos.
El engranaje criminal habría tenido como pieza clave al abogado Percy Tenorio, exjefe de Operaciones Especiales. Este fue contratado por S/250 mil para defender a oficiales vinculados a la represión de 2020. La Fiscalía sostiene que fue él quien ejecutó un operativo en Ayacucho que favoreció directamente a la minera El Dorado. Todo en un esquema donde empresarios desembolsaron hasta 160 mil dólares para asegurar decisiones a medida.
El caso escaló más allá del plano judicial cuando la periodista Karla Ramírez Camarena denunció amenazas contra su seguridad. Según la directora de investigación de Panamericana, desde Inteligencia del Ministerio del Interior se planearon acciones para atentar contra ella y encubrirlo como un robo. Ramírez responsabilizó directamente a Santiváñez y a Nicanor Boluarte, acusándolos de intentar frenar las investigaciones periodísticas que exponen las presuntas operaciones ilegales desde el corazón mismo del Gobierno.
