Abg. Arturo Montesinos Neyra. Analista político
El caso del Hospital de Caravelí con sede en Chala es el espejo de la desidia institucional del Gobierno Regional de Arequipa: una obra iniciada en 2016, anunciada con bombos y platillos, como la respuesta a las urgencias de miles de habitantes de los distritos de la Provincia de Caravelí, y que al 2025 sigue sin operar como hospital. El derecho a la salud, consagrado en la Constitución y en instrumentos internacionales, se convierte aquí en un lujo aplazado, dependiente de trámites interminables, expedientes técnicos deficientes y un Gobierno Regional de Arequipa incapaz de cumplir lo que promete. La historia del Hospital de Chala no es solo un problema de sobrecostos y retrasos, sino un recordatorio cruel de cómo se puede vulnerar un derecho fundamental a través de la inacción.
La obra empezó en 2016 con un contrato de más de 42 millones de soles y promesas de modernidad. En 2022, los informes de la Contraloría señalaban un avance físico cercano al 95%. Sin embargo, ese supuesto “avance” fue un espejismo: el hospital carecía de agua potable garantizada, no tenía la carga eléctrica suficiente y los equipos permanecían embalados, expuestos a deterioro. Los funcionarios celebraban porcentajes de ejecución mientras la población seguía viajando horas hacia Camaná o Arequipa para salvar vidas.
El presupuesto inicial de S/ 42 millones creció hasta bordear los S/ 65 millones en 2023. Esa inflación de costos contrasta con la precariedad del servicio de salud real: pacientes trasladados en ambulancias improvisadas, mujeres gestantes que arriesgan su vida en el trayecto y enfermos que no sobreviven al viaje. No se trata solo de dinero mal gastado: cada demora tiene un costo humano. Mientras el presupuesto se multiplica en papeles, la salud de la población se precariza en la práctica.
El derecho a la salud, según la Observación General N° 14 del Comité DESC, implica disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. El caso de Chala incumple todos estos elementos:
• Disponibilidad: el hospital existe físicamente, pero no opera.
• Accesibilidad: la población debe trasladarse cientos de kilómetros.
• Aceptabilidad: se prometió un hospital, se entrega un centro de salud degradado.
• Calidad: equipos médicos almacenados y obsoletos antes de usarse.
En estas condiciones, el Estado no solo incumple una obra pública, sino que viola el contenido esencial del derecho a la salud.
El Gobierno Regional de Arequipa reconoce que aún falta elaborar el expediente de saldo de obra y obtener financiamiento. Mientras tanto, se plantea recategorizar el centro de salud a I-4 como solución temporal. Es decir, la población debe conformarse con migajas mientras el Estado admite que no tiene dinero para terminar lo que empezó hace casi una década. La expectativa de un hospital real se diluye en nuevos anuncios, diagnósticos y mesas técnicas.
No basta señalar culpables pasados ni aplaudir porcentajes de avance ficticios: se necesita un cierre definitivo del proyecto, con plazos verificables y responsabilidades claras. La indiferencia oficial ya costó millones de soles y demasiadas vidas. No puede costar una década más.
