Por Gustavo Puma Cáceres. Especialista en planificación urbana y portuaria, gobernanza y gestión de ciudades puerto
En la entrega anterior de esta columna, fechada el 21 de abril de 2025, describíamos el estado de abandono del Megapuerto de Corío como un Gólgota del desarrollo, un proyecto estratégico crucificado en el altar de la desidia política y la traición económica. El gobernador regional, Rohel Sánchez, fue retratado como un Poncio Pilatos contemporáneo, lavándose las manos ante el destino de Arequipa, mientras intereses económicos anónimos, los “Judas” del sur, negociaban con el futuro de la región. Cerramos con una pregunta premonitoria: “¿O acaso existen otros ‘Judas’ y ‘Pilatos’ operando contra Puerto Corío que aún no hemos identificado?”
El drama de agosto: esperanza y traición inmediata
El mes de agosto trajo una respuesta tan veloz como brutal, confirmando que la conspiración contra el Puerto Corío era más profunda que su calado y más cínica de lo que habíamos imaginado.
Durante unos breves y esperanzadores días, pareció que el milagro era posible. El 7 de agosto de 2025, en su sesión N.° 712, el Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) otorgó la Viabilidad Técnica Temporal Portuaria (VTTP) al Consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur. Para un proyecto largamente postergado, esta decisión fue un soplo de vida, una resurrección inesperada. La VTTP, con una validez de tres años, no era la construcción misma, pero sí la llave para iniciarla: permitía al consorcio desarrollar los estudios definitivos de ingeniería, impacto ambiental y viabilidad económica, siguiendo un modelo similar al que dio vida al exitoso megapuerto de Chancay. Por un instante, Corío descendió de la cruz.
Pero la resurrección duró menos que un suspiro. La esperanza fue asesinada casi al nacer por el propio Rohel Sánchez. La noticia del avance, que debió ser celebrada como un triunfo regional, se convirtió en el detonante de una ofensiva fulminante. Apenas cuatro días después, el 11 de agosto, la misma APN que había otorgado la viabilidad, en su sesión N.° 713, resolvió suspenderla de manera indefinida. La daga fue clavada en la espalda del proyecto en el preciso momento en que se erguía.
La velocidad de esta reversión desmiente cualquier narrativa de un simple proceso burocrático o una corrección técnica meditada. Las instituciones del Estado peruano, especialmente en proyectos de infraestructura de miles de millones de dólares, se caracterizan por su lentitud paquidérmica en la tramitología. Que la APN otorgara la viabilidad el día 7 implicaba, necesariamente, que sus áreas técnicas y legales habían culminado la evaluación y dado su conformidad. Que el gobernador regional reaccionara el mismo día con una solicitud “urgente” de revisión, y que la Dirección de Planeamiento de la APN “descubriera” un “vicio de nulidad trascendente” en apenas 96 horas, es un guion que desafía toda lógica administrativa. No fue un acto de prudencia; fue una pieza de teatro político perfectamente coreografiada, una ejecución extrajudicial del futuro de Arequipa.
La metamorfosis del gobernador: Pilatos se lava las manos con fuego
El Pilatos que describimos en abril, pasivo y negligente, sufrió una metamorfosis asombrosa en agosto. Dejó de ser el prefecto que se desentiende del destino del reo para convertirse en el principal instigador de su condena. Rohel Sánchez no solo observó la crucifixión; la exigió a viva voz, liderando la turba.
Su intervención no fue sutil. Lanzó una cruzada mediática, declarando en RPP que la APN debía “dejar sin efecto” la viabilidad otorgada y exigiendo la destitución del presidente de la entidad, Juan Ramón Arrisueño. Enmarcó su ofensiva como una “defensa de la región”, argumentando que la APN había traicionado un compromiso asumido en el VIII Consejo de Estado Regional (CER): esperar la conclusión de un Estudio de Demanda de Transporte Marítimo de Carga en el Sur del Perú, programado para noviembre de 2025, antes de dar cualquier paso. Pero esto fue otra mentira del gobernador: el estudio de demanda debió ser entregado en octubre de 2024.
Esta súbita preocupación por el rigor técnico y los acuerdos políticos contrasta de manera grotesca con sus propias acciones. Mientras en Arequipa se erigía como el guardián de la probidad procedimental, a nivel internacional su gobierno no dejaba de promocionar el Megapuerto de Corío como el proyecto insignia de la región. Carteras de inversión fueron supuestamente presentadas a empresarios de varios países, vendiendo un futuro portuario que él mismo se encargaba de aniquilar en casa. ¿Cómo se puede, con una mano, ofrecer el puerto al capital global y, con la otra, estrangularlo con pretextos burocráticos? ¿Y cuáles son los intereses del gobernador?
La estrategia de supeditar cualquier avance al “Estudio de Demanda” es una táctica de dilación clásica y letal. Un proyecto de esta envergadura requiere un proceso dinámico, donde los estudios de preinversión y los de ingeniería detallada (que la VTTP precisamente habilita) se realizan en paralelo o de forma secuencial por el inversor. Exigir que todo se detenga a la espera de un estudio público futuro es crear una meta móvil, un horizonte inalcanzable que sirve como un veto de bolsillo. Permite al gobernador posar como un gestor prudente y riguroso —“esperemos los datos”— mientras en la práctica garantiza la parálisis. Es el arma perfecta para matar un proyecto sin dejar huellas dactilares, atribuyendo la muerte a causas “técnicas”. Así, el Pilatos de abril, culpable por omisión, se transformó en el Pilatos de agosto, culpable por comisión, lavándose las manos no con agua, sino con el fuego que consumió la esperanza de la región Arequipa y toda la Macrosur.
El rostro de Judas: conflicto de intereses y consorcios de papel
Si la metamorfosis del gobernador fue el acto político que sentenció a Corío, las acusaciones que la motivaron revelan el rostro de la traición económica. El “Judas” abstracto de nuestra primera columna adquirió nombres y apellidos en la denuncia del gobernador, y su perfil es, cuando menos, inquietante.
El primer señalado fue Juan Ramón Arrisueño Gómez de la Torre, presidente del Directorio de la APN. La acusación de Rohel Sánchez es de una gravedad extrema y apunta a un flagrante conflicto de intereses: antes de presidir la APN, Arrisueño fue contratado como consultor por la misma entidad. Su encargo fue evaluar el plan maestro presentado por el Consorcio Hub Corío. En esa función, emitió una opinión favorable. Meses después, ya como máxima autoridad de la APN, aprobó lo que él mismo había evaluado previamente, presuntamente ignorando otras opiniones técnicas desfavorables dentro de la institución. De ser cierto, el proceso no solo estaría viciado, sino que revelaría una puerta giratoria de consecuencias devastadoras para la fe pública.
El segundo rostro de esta traición es el propio beneficiario de la efímera viabilidad: el “Consorcio Hub Corío Megapuerto del Sur”. Lejos de ser un gigante de la infraestructura global, está conformado por dos empresas de perfil modesto y currículum alarmantemente inadecuado. La primera, Leet Arquitectura e Ingeniería & Construcción S.A.C., fue constituida apenas en 2022. La segunda, Beton Terra Ingenieros S.A.C., data de 2017. El propio gobernador denunció lo evidente: el objeto social de ambas compañías es la construcción civil general, la arquitectura y la ingeniería. Ninguna posee antecedentes, experiencia demostrable o músculo financiero en el altamente especializado campo del desarrollo y la habilitación portuaria.
Esto plantea la pregunta fundamental: ¿cómo pudo la máxima autoridad técnica portuaria del Perú otorgar la viabilidad para el proyecto de infraestructura más ambicioso del sur del país a un consorcio de papel, a un cascarón sin la pericia necesaria? La denuncia del gobernador sobre un “tráfico de licencias” cobra aquí una verosimilitud escalofriante.
Sin embargo, es necesario considerar una posibilidad aún más retorcida. Quizás la manifiesta debilidad del consorcio no fue un error, sino una característica deliberada. Para los intereses que buscan frenar a Corío, un bloqueo frontal es políticamente costoso. Una estrategia más sutil es permitir que la única propuesta visible sea una tan frágil e indefendible que su caída sea inevitable. Se permite que este consorcio “fantasma” avance hasta obtener una victoria pírrica —la VTTP— para luego facilitar que un actor político “aliado” lo exponga públicamente, generando un escándalo que obligue a una “prudente” marcha atrás. De esta forma, el proyecto muere, los opositores se visten de héroes defensores de los estándares técnicos y la culpa recae en un “mal proponente”. El consorcio no habría sido el beneficiario, sino el cordero sacrificial, el Judas perfecto para justificar la crucifixión.
El factor Matarani: las treinta monedas de plata tienen muelle propio
Toda traición tiene un precio. Si Corío fue crucificado en agosto, es imperativo preguntar: ¿quién cobra las treinta monedas de plata? La respuesta no está en arcas secretas ni en paraísos fiscales. Está a la vista de todos, a pocos kilómetros de la costa de Punta de Bombón, en el muelle de un competidor directo.
Mientras el futuro de Corío era saboteado con argucias procesales, el del Puerto de Matarani, operado por Terminal Internacional del Sur (TISUR), era asegurado con un impulso decidido y coordinado del propio Estado peruano. Entre febrero y julio de 2025, mientras se gestaba el drama de Corío, ProInversión, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trabajaban a toda máquina para concretar una adenda al contrato de concesión de TISUR.
Esta adenda no es un asunto menor. Implica una inversión de casi 600 millones de dólares para la modernización de Matarani, incluyendo la construcción de un nuevo muelle multipropósito y un rompeolas para recibir naves de mayor calado. Pero el verdadero premio, el corazón del acuerdo, es la extensión de la concesión de TISUR por 30 años adicionales. Es decir, mientras se ponían todos los obstáculos posibles a un nuevo actor, se garantizaba al operador incumbente su dominio sobre el comercio marítimo del sur hasta mediados del siglo XXI.
La conexión es ineludible. El desarrollo de un megapuerto en Corío, con sus condiciones naturales superiores —un calado de 28 metros capaz de recibir a los buques más grandes del mundo, superando incluso a Chancay— no es solo competencia para Matarani; es una amenaza existencial. La parálisis de Corío elimina de raíz a su principal competidor futuro, garantizando que la masiva inversión en Matarani no tenga rival y que su rentabilidad a largo plazo esté blindada.
Ahí están las treinta monedas de plata. No es una teoría de conspiración; es una simple lectura de la divergencia con que el Estado trata a dos proyectos vecinos. Para Matarani, todas las agencias públicas se alinean para facilitar y acelerar una adenda que beneficia a un operador privado. Para Corío, las mismas instituciones se convierten en un laberinto de obstáculos, “vicios de nulidad” y estudios interminables. No es una falla del sistema; es el sistema funcionando a la perfección para proteger intereses creados. El discurso de “proteger el interés público” en el caso de Corío se desvanece ante la evidencia de la promoción acelerada del interés privado en el caso de Matarani.
Arequipa en la encrucijada: entre la traición y la redención
Al final de este tortuoso camino, la alegoría inicial se ha vuelto más compleja y sombría. El Pilatos pasivo se reveló como un verdugo activo. El Judas, que parecía un ente abstracto, se ha manifestado como una red de intereses corporativos y actores políticos que utilizan el aparato estatal para aniquilar la competencia y proteger el statu quo. El gobernador Sánchez ha jugado un doble papel desconcertante: el de promotor del puerto ante el mundo y el de su principal saboteador ante su propio pueblo.
El costo de esta parálisis es incalculable. No es solo un proyecto retrasado; es la traición a la confianza de los 293 522 arequipeños que votaron por un futuro de desarrollo. Es un golpe mortal a la economía de Islay y Punta de Bombón, y un lastre para la competitividad de toda la macrorregión sur. Más grave aún, es la demolición de la fe en las instituciones, enviando un mensaje letal a cualquier futuro inversor: en el sur del Perú, las reglas pueden cambiar de la noche a la mañana si afectan a los intereses correctos.
El Megapuerto de Corío yace nuevamente en su Gólgota burocrático, crucificado por una conspiración de conveniencia entre la ambición política y la codicia empresarial. En abril, sugerimos que “la resistencia popular podría redimirlo”. Hoy, esa afirmación adquiere una urgencia dramática. La sociedad civil arequipeña —sus colegios profesionales, su academia, su empresariado no alineado con los intereses de siempre y sus ciudadanos— se enfrenta a una elección histórica.
La pregunta final ya no es quiénes son los traidores, pues los hechos de agosto han iluminado sus rostros y su motivo. La pregunta ahora es para el pueblo de Arequipa: ¿permitirá que el futuro de la región sea vendido por la comodidad de un competidor y los cálculos de un político? ¿O se levantará para exigir transparencia, para romper el pacto infame entre Judas y Pilatos, y para resucitar, esta vez de forma definitiva, el proyecto de desarrollo más importante de su historia moderna?
¡Lo único que ha hecho en dos años y ocho meses el Judas y Pilatos de Corío es cambiarle el nombre a Puerto de las Américas! Pasará a la historia de Arequipa sin pena ni gloria.
