El Ejército del Perú decidió blindar bajo la categoría de “secreto de Estado” cuatro procesos de contratación y adquisiciones militares por un total de S/ 540 millones. La resolución, firmada por el comandante general César Briceño Valdivia el 29 de abril de este año, restringe el acceso a toda información relacionada con la compra de armamento, vehículos blindados y el mantenimiento de helicópteros Mi-17 y Mi-8.
La medida, filtrada por un alto oficial en desacuerdo, coincidió con la publicación de un informe de la Contraloría que documentaba presuntas irregularidades en la contratación directa de la empresa Helicentro Perú para el overhaul de cuatro aeronaves. El servicio, valorizado en S/ 96,9 millones, incluyó un adelanto de S/ 29 millones sin sustento y la omisión de penalidades por S/ 8,4 millones, pese a incumplimientos constatados.
El documento de auditoría, firmado por Andrés Iparraguirre Cabrera, involucraba penalmente a 16 oficiales, entre ellos el entonces jefe del Ejército y hoy jefe de las Fuerzas Armadas, David Ojeda Parra, así como al propio Briceño Valdivia. También figuran los generales Oswaldo Calle Talledo, Luis Carranza Vilahur y William Lozano Flores, parte del actual alto mando militar.
Pese a su gravedad, el 5 de mayo la Comandancia General ordenó archivar el informe y anular sus conclusiones, escudándose en la nueva clasificación de secreto de Estado. Incluso el propio auditor pidió después a la Procuraduría Anticorrupción desconocer su trabajo.
La Contraloría, en paralelo, relevó a Iparraguirre y eliminó el informe de su sistema interno. La maniobra recuerda los mecanismos empleados en los años noventa bajo Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, cuando compras y repotenciaciones militares fueron declaradas reservadas para evitar el escrutinio público.
Expertos en defensa advierten que el mantenimiento de aeronaves no debería considerarse secreto, pues son procesos técnicos rutinarios que requieren supervisión.
