El flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, no solo enfrenta el reto de conducir una de las carteras más sensibles del Estado, sino también una investigación preliminar que amenaza con acompañarlo a su regreso al gabinete. A través de su defensa legal, pidió al Poder Judicial que intervenga y ordene a la Fiscalía de la Nación dar por cerradas las pesquisas por el presunto delito de negociación incompatible. Un caso que se remonta a su paso por el Ministerio del Interior.
El pedido, ingresado el pasado 7 de agosto, apunta directamente al control de plazos de la investigación que lo involucra en la cuestionada contratación de Anatoly Bedriñana en el sector Interior. Según la defensa de Santiváñez, la etapa preliminar ya superó el tiempo razonable establecido por ley y debería ser cerrada para dar paso a una decisión fiscal.
No es la primera vez que su defensa exige el fin de las diligencias. El 3 de julio, semanas antes de jurar como ministro de Justicia, ya habían presentado un recurso similar ante la Fiscalía. En esta solicitaban la conclusión de la investigación y la emisión de una disposición final. La respuesta aún no llega, por lo que recurrieron ahora al Poder Judicial en busca de un pronunciamiento.
Será el juez supremo Juan Carlos Checkley quien tenga la última palabra. El magistrado programó para el lunes 1 de septiembre, a las 9:30 de la mañana, una audiencia virtual en la que participarán todas las partes. El objetivo: evaluar si corresponde ordenar a la Fiscalía el cierre de las pesquisas o si el caso debe seguir su curso.
Este debate judicial se produce a pocos días de que la presidenta Dina Boluarte le tomara juramento como ministro de Justicia, el pasado 23 de agosto en Palacio de Gobierno. El contraste entre su reciente designación y la investigación en curso marca un inicio cargado de tensiones políticas para Santiváñez. Quien ahora busca despejar las dudas legales que lo persiguen desde su gestión anterior.
