Abg. Arturo Montesinos Neyra. Analista político
El acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano básico que garantiza la dignidad de las personas y la protección de la salud pública. Sin embargo, en el Perú, proyectos vitales suelen convertirse en símbolos de postergación y burocracia. El distrito de Chala, en la provincia de Caravelí, Arequipa, ilustra esta contradicción. Desde el año 2010, cuando se aprobó el perfil del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado, la población aguardó en vano más de una década para ver concretada la obra. No fue sino hasta 2023 que se convocó la licitación pública, y recién en 2024 se aprobó el expediente técnico. Hoy, en 2025, la ejecución alcanza aproximadamente el 52 %, lo que mantiene a miles de habitantes en una espera que parece interminable.
La urgencia de este proyecto no admite discusión. Chala ha sufrido durante años una prestación deficiente del servicio de agua potable, con horarios restringidos y riesgos permanentes de contaminación. El alcantarillado, igualmente precario, elevaba los índices de enfermedades gastrointestinales y degradaba el entorno urbano. Frente a ello, el proyecto busca garantizar un servicio continuo, seguro y tecnológicamente moderno, con captación mediante galerías filtrantes, planta de tratamiento por ósmosis inversa, reservorios elevados y redes de distribución ampliadas.
El retraso de más de diez años en materializar la obra refleja deficiencias estructurales del Estado. El sistema de inversión pública bajo el antiguo SNIP ralentizó desde el inicio la aprobación de estudios. A ello se sumaron observaciones técnicas, limitaciones presupuestales y falta de continuidad administrativa. Este hecho resalta la desilusión de un pueblo que, aun con el perfil aprobado en el 2010, tuvo que esperar hasta el 27 de febrero del 2023, para una primera licitación formal, mientras los problemas de agua y desagüe continuaban agravándose.
Las autoridades locales y regionales se limitaron, en gran medida, a insistir con gestiones y reclamos ante el Gobierno Central. Las marchas y protestas de la población fueron fundamentales para la decisión final. En cuanto a SEDAPAR, su papel fue crucial al elaborar el perfil en 2010, lo que permitió formalizar la necesidad dentro del sistema estatal de inversiones. Sin embargo, al no ser la entidad ejecutora ni financiadora, su rol quedó reducido al acompañamiento técnico, sin capacidad real de acelerar los procesos. La ausencia de una estrategia articulada entre autoridades locales, regionales, SEDAPAR y el Ministerio de Vivienda terminó pesando más que la urgencia del proyecto.
El caso de Chala simboliza la fragilidad institucional y la ineficiencia de la gestión pública en el Perú. No se trata solo de un proyecto demorado, sino de la postergación de derechos esenciales de miles de personas. La inacción durante más de diez años, sin siquiera intentos de adjudicación, revela la falta de voluntad política y la desarticulación entre niveles de gobierno. Este tipo de retrasos generan no solo frustración social, sino también un sentimiento de abandono que erosiona la confianza en el Estado. La experiencia debería servir como advertencia: proyectos de agua, salud y educación no pueden depender de la improvisación ni de la burocracia. Se requiere continuidad, vigilancia ciudadana y compromiso real de las autoridades para evitar que la historia de Chala se repita en otras localidades.
Hoy, con la obra en marcha, el desafío es culminarla en el menor tiempo posible y garantizar su sostenibilidad. La lección que deja este retraso es clara: la continuidad en la gestión de proyectos de primera necesidad no debe depender del cambio de autoridades ni de la voluntad política del momento, sino de una política de Estado que coloque el bienestar de la ciudadanía por encima de la burocracia.
