El Reino Unido anunció este miércoles un nuevo paquete de sanciones contra Rusia que apunta a redes financieras y plataformas de criptomonedas utilizadas para sortear las restricciones impuestas tras la invasión de Ucrania. La medida incluye al Banco Capital de Kirguistán, a su director Kantemir Chalbayev, a los intercambios digitales Grinex y Meer, así como al token A7A5, respaldado por rublos y con operaciones multimillonarias.
El secretario de Estado británico de Sanciones, Stephen Doughty, explicó que el objetivo es exponer y bloquear los intentos de Moscú de financiar la guerra por canales alternativos. “Si el Kremlin cree que puede ocultar sus intentos desesperados de suavizar el impacto de nuestras sanciones blanqueando transacciones a través de redes criptográficas dudosas, está muy equivocado”, sostuvo. Londres busca con esta decisión reforzar la coordinación internacional contra las vías ilícitas de financiamiento, en sintonía con medidas adoptadas por Estados Unidos la semana pasada.
El caso del token A7A5 ha concentrado la atención de las autoridades. De acuerdo con informes de firmas especializadas como Chainalysis y Elliptic, desde su creación ha canalizado más de 51.000 millones de dólares en transacciones, con operaciones diarias que superan los 1.000 millones. Su crecimiento se vincula al uso masivo de entidades rusas, mientras que investigaciones del Financial Times apuntan a la participación del banco ruso Promsvyazbank —sancionado desde 2014— y del empresario moldavo Ilan Șor, fugitivo de su país tras un fraude bancario.
Londres también observa con preocupación la red de criptoplataformas y mecanismos financieros que Rusia ha desplegado desde 2022. Tras las sanciones contra Garantex, surgieron nuevas alternativas como Grinex y Meer, mientras que empresas rusas recurren a criptomonedas como Bitcoin, Ether o Tether para comerciar con países como China e India. En paralelo, el Kremlin ha impulsado instrumentos internos como el sistema de pagos Mir y el rublo digital, todavía en fase de prueba, en un esfuerzo por sostener sus operaciones financieras frente a las restricciones occidentales.
La respuesta de Moscú llegó poco después del anuncio británico. El Ministerio de Exteriores incluyó a 21 ciudadanos del Reino Unido en su lista negra, entre ellos periodistas, consultores y miembros de ONG, acusados de difundir “acusaciones infundadas” contra Rusia. Aunque estas sanciones tienen un efecto limitado, al impedir su ingreso al país y congelar eventuales activos, forman parte de la estrategia del Kremlin de mantener una narrativa de resistencia frente a la presión internacional.
