El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá revocó la orden de detención inmediata contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta una condena de 12 años por soborno en actuación penal y fraude procesal. La decisión permite que Uribe permanezca en libertad mientras se evalúa el recurso de apelación interpuesto por su defensa, marcando un giro en el caso y generando debates sobre la interpretación de garantías judiciales y la proporcionalidad de las medidas cautelares.
La decisión del Tribunal se fundamenta en el comportamiento del expresidente durante el proceso, destacando su participación en todas las audiencias y su asistencia voluntaria a los citatorios judiciales. Los magistrados concluyeron que la jueza Sandra Liliana Heredia actuó de manera subjetiva al ordenar la detención inmediata, sin evaluar la proporcionalidad ni el principio de presunción de inocencia, y vulnerando garantías fundamentales consagradas en la Constitución.
El fallo cuestiona además los argumentos de riesgo de fuga esgrimidos por la jueza, señalando que la posibilidad de evadir la pena no estaba suficientemente probada, dado que Uribe cuenta con residencia estable y ha participado activamente en el proceso. El Tribunal recalcó que toda la fase probatoria ya se había completado, lo que elimina la necesidad de medidas restrictivas adicionales sobre la libertad del condenado.
El recurso de apelación ahora será evaluado por la Sala de Decisión Penal, instancia que determinará si la condena se mantiene o si se ajustan las medidas impuestas. Mientras tanto, la boleta de libertad emitida por el Tribunal garantiza que el expresidente pueda continuar con su vida cotidiana sin restricciones físicas, aunque sigue enfrentando cuestionamientos por su condena y la repercusión política de su situación.
Expertos legales advierten que este caso refleja la tensión entre garantizar la libertad individual y asegurar la efectividad de la justicia penal en figuras de alto perfil político. La resolución también pone de relieve la importancia del debido proceso y el respeto a principios como la proporcionalidad, la razonabilidad y los derechos fundamentales, elementos que el Tribunal consideró esenciales para revertir la detención inmediata de Álvaro Uribe.
