El fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordena suspender de inmediato las investigaciones fiscales contra la presidenta Dina Boluarte ha generado un profundo debate en el Congreso. Mientras algunos legisladores lo consideran una medida necesaria para proteger la investidura presidencial, otros lo califican como un acto político que favorece a la mandataria en medio de cuestionamientos.
La resolución del TC precisa que el artículo 117 de la Constitución solo permite investigar a un jefe de Estado en funciones por traición a la patria, disolución inconstitucional del Congreso o impedir elecciones. Bajo este criterio, todas las pesquisas abiertas contra Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito, encubrimiento, falsificación de documentos o el caso ‘Rolexgate’ quedan paralizadas hasta el término de su mandato, el 28 de julio de 2026.
Las reacciones en el Parlamento fueron diversas. Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular) defendió la medida y aseguró que no constituye un blindaje, mientras que Alex Paredes (Bloque Magisterial) y José Cueto (Renovación Popular) coincidieron en que la decisión protege la investidura presidencial más allá de la persona que ocupe el cargo.
En contraste, congresistas como Edward Málaga y Elvis Vergara expresaron fuertes críticas. Málaga señaló que el fallo tiene un trasfondo político que “da una mano” a la presidenta, mientras que Vergara advirtió que frenar las diligencias fiscales podría facilitar la pérdida de pruebas en los casos que involucran a Boluarte. María del Carmen Alva, por su parte, remarcó que las decisiones del TC deben acatarse, “guste o no guste”.
Boluarte, que según encuestas mantiene apenas un 3 % de aprobación, afronta además procesos por la represión de las protestas de 2022 y 2023, que dejaron 59 fallecidos, y por la presunta fuga de Vladimir Cerrón. Con el fallo del TC, estas y otras investigaciones quedan suspendidas, aunque el control político en el Congreso se mantiene vigente.
