La tensión entre el canillita Quintín Laura Chambi y la Municipalidad Distrital de Socabaya, presidida por el alcalde Roberto Muñoz Pinto, escaló este martes tras un controvertido operativo de incautación de su quiosco de periódicos. El hecho fue calificado como un acto de represalia política, dado que el vendedor fue uno de los principales promotores del proceso de revocatoria contra el burgomaestre.
Según denunció la familia, la intervención municipal no solo supuso la remoción del puesto de trabajo, sino que puso en riesgo la integridad de su hija, Malena Laura. La joven se encontraba dentro del quiosco al momento de ser retirado por personal de la comuna. Desde allí transmitió en vivo por su cuenta personal de Facebook mientras era trasladada en una camioneta municipal, acusando a las autoridades de secuestrarla.
«Arrastraron mi quiosco. Llegaron a montones serenos, trabajadores de limpieza. Quisieron llevar mi quiosco, salió la población y me defendió. Volvieron a venir después de media hora y me cargaron conmigo adentro. No les ha importado que yo esté adentro, no les importa que mi padre sea un discapacitado», relató Malena Laura durante la transmisión.
Los pretextos de Muñoz
La intervención se amparó en la Resolución de Gerencia de Desarrollo Económico Local N° 100-2025-MDS/A-GM-GDEL, emitida el 11 de julio de 2025. En esta se ordena el retiro e incautación del puesto por estar ubicado en “zona rígida” y en el marco de un proceso para “controlar el comercio ambulatorio”.
El documento detalla que la ejecución de la medida debía estar a cargo de la Subgerencia de Fiscalización, pudiendo solicitar apoyo de la fuerza pública. Además, la coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) era obligatoria para garantizar la seguridad durante el operativo. Sin embargo, este punto no se cumplió.
Acusan irregularidades
La representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Andrea Sarayasi, confirmó que la PNP no estuvo presente durante la intervención, a pesar de que la resolución lo exigía. “Durante el operativo, no estuvo presente la Policía Nacional para garantizar la protección de los involucrados”, señaló.
Además, la funcionaria cuestionó la selectividad de la medida, indicando que Quintín Laura es el único adulto mayor discapacitado al que se le ha aperturado este proceso, cuando la ley protege a las personas con discapacidad por ser población vulnerable. En su pronunciamiento, denunció que la municipalidad solicitó apoyo policial recién después de ejecutar la incautación. “Nos mostraron un oficio que remitieron a la comisaría posterior a la hora del operativo, cuando ya terminó todo. Eso no se puede permitir”, enfatizó.
La Defensoría también advirtió que la actuación municipal incumple normas de protección a personas con discapacidad, al generar un daño físico y psicológico. “Se está incumpliendo con las leyes, lo que están haciendo es causar un malestar y afectando a la integridad física y psicológica”, afirmó Sarayasi.
Se tiran para atrás
Frente a la gravedad de los hechos, el Subgerente de Fiscalización se comprometió ante la Defensoría a gestionar la devolución del quiosco, la reubicación del puesto y la exoneración de las multas impuestas a Quintín Laura. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota, no se había concretado ninguna de estas acciones.
Para la Defensoría, el caso refleja una posible persecución selectiva. “Hemos pedido información y nos han dicho que no hay ningún otro proceso administrativo sancionador a ninguna otra persona con discapacidad (…) la ley impide que se haga esto, pero la municipalidad insiste”, subrayó Sarayasi.
El operativo involucró a un gran contingente de serenos, trabajadores de obras, parques y jardines, así como personal de limpieza. Lo que para la familia demuestra la saña de la administración municipal.
Aunque la municipalidad argumenta que actuó en cumplimiento de las ordenanzas N° 303-MDS y N° 497 de la Municipalidad Provincial de Arequipa, y la N° 264-MDS de Socabaya, la Defensoría insiste en que las medidas cautelares deben ejecutarse respetando el debido proceso y sin vulnerar derechos fundamentales.
