La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Arequipa inició una investigación preliminar por presunta discriminación e incitación a la discriminación tras un video difundido en TikTok. La acción, adoptada de oficio por la fiscal Verónica Bellido Mariscal Castillo, apunta a identificar tanto a los presuntos agraviados como al autor, conocido como “Arequipeñazo”, y garantizar el cumplimiento de la ley en defensa de los derechos ciudadanos.
El caso se originó en la Avenida Ejército de Arequipa, donde un grupo de danzantes de caporales se encontraba realizando sus actividades culturales. Según los primeros reportes, el usuario de TikTok grabó en vivo a los bailarines. Y tras negarse estos a aparecer en la transmisión, habría proferido insultos y generado comentarios de carácter discriminatorio que se viralizaron rápidamente. La Fiscalía consideró que los hechos podrían constituir delitos contra la dignidad de las personas.
El Ministerio Público dispuso la visualización del video en cadena de custodia y otras diligencias necesarias para determinar con precisión los hechos. Además, se está trabajando en la identificación de los presuntos agraviados, quienes serán entrevistados para recabar sus declaraciones y establecer el impacto de la conducta del agresor. Todo esto ocurre dentro de un plazo inicial de 60 días para la investigación preliminar.
La fiscal Verónica Bellido destacó que la medida busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia frente a cualquier acto discriminatorio. “No permitiremos que la violencia verbal y la discriminación se normalicen en espacios públicos o digitales”, declaró. Asimismo, la Fiscalía reforzó su compromiso con la protección de los derechos humanos, señalando que actuará conforme al marco legal vigente en Perú.
Especialistas en derechos digitales advierten que casos como este reflejan la creciente problemática del contenido viral que vulnera derechos individuales. Las redes sociales, según ellos, pueden convertirse en instrumentos de agresión y estigmatización si no se establecen controles efectivos. Por ese motivo se llama a una mayor responsabilidad ciudadana en la difusión de información que pueda afectar a comunidades o grupos culturales.
