En un acto que desafía abiertamente la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Dina Boluarte promulgó la Ley de Amnistía que favorece a policías, militares y miembros de comités de autodefensa procesados por presuntas violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno. La norma, calificada como “ley de impunidad” por organizaciones de derechos humanos, incluye incluso a personas condenadas por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta.
La promulgación, realizada en Palacio de Gobierno, contó con la presencia de congresistas de derecha y figuras vinculadas al fujimorismo, entre ellos José Cueto, Jorge Montoya, José Williams Zapata, Martha Moyano y Fernando Rospigliosi. Llamó la atención la asistencia de Juan Rivera Lazo, exintegrante del Grupo Colina, excarcelado en 2024 y condenado por crímenes de lesa humanidad. Su saludo a la mandataria se interpretó como un gesto político cargado de simbolismo.
La ley concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa investigados o procesados por delitos cometidos entre 1980 y 2000. También otorga beneficios a mayores de 70 años por “razones humanitarias”. No obstante, la Corte IDH había ordenado frenar la promulgación para no vulnerar el acceso a la justicia de las víctimas. Esto mientras analizaba el impacto de la norma en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
Organismos como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han rechazado la norma, alertando que blinda a responsables de torturas, desapariciones y asesinatos. “Es propia de regímenes autoritarios”, señalaron. Y acusaron al Ejecutivo y al Congreso de debilitar el sistema interamericano e incluso de promover la salida del Perú de su jurisdicción.
La postura de Boluarte frente a la Corte IDH no es nueva. El pasado 31 de julio, la mandataria había declarado que no aceptaría “intervenciones externas” y defendió la ley como una “justicia” para quienes combatieron el terrorismo. Sin embargo, para sus detractores, este discurso ignora que varios beneficiarios fueron responsables de atrocidades condenadas internacionalmente. Lo que podría acarrear graves consecuencias diplomáticas y jurídicas para el Estado peruano.
