Un operativo de control simultáneo de la Contraloría General de la República reveló que las municipalidades de Arequipa apenas han ejecutado una fracción del presupuesto destinado a personas en situación de pobreza y pacientes con tuberculosis. El informe advierte que esta baja inversión amenaza la entrega oportuna de alimentos a más de un millón de beneficiarios a nivel nacional.
La supervisión forma parte de un operativo que abarca 189 municipalidades provinciales en todo el país y cinco distritos de Lima Metropolitana. El objetivo es evaluar la gestión del Programa de Complementación Alimentaria (PCA), diseñado para proveer alimentos a sectores vulnerables y pacientes con tuberculosis.
En el caso de Arequipa, el presupuesto asignado para el PCA en 2025 asciende a S/ 11 686 098. Sin embargo, en el primer semestre solo se invirtieron S/ 4 018 610, lo que representa un avance del 34%. Esta baja ejecución se repite en el Programa de Alimentación para Pacientes con Tuberculosis (PANTBC). Donde la región cuenta con S/ 4 637 367 pero apenas ha gastado S/ 778 780, equivalente al 17%.
Situaciones similares se registran en otras regiones como Cusco (15%), Áncash (22%) y Apurímac (26%) para el PCA, y aún más bajos para el PANTBC: Áncash (10%) y Apurímac (11%). Según la Contraloría, esta insuficiente ejecución presupuestal compromete la entrega regular y en buen estado de los alimentos a los beneficiarios.
El contralor César Aguilar enfatizó que la meta es garantizar que los recursos lleguen en cantidad y calidad adecuadas. “Queremos prevenir riesgos antes de que ocurran y fortalecer el control gubernamental en beneficio de las poblaciones vulnerables”, señaló.
Durante el operativo se inspeccionan todas las etapas: compra, almacenamiento y distribución de alimentos. En este proceso, se han detectado deficiencias como problemas en la entrega y fallas administrativas en los municipios responsables.
La cobertura de la intervención alcanza el 81,5% de los gobiernos locales del país, con la finalidad de reforzar la transparencia y asegurar que los recursos públicos cumplan su objetivo: mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.
