El Sexto Juzgado Especializado de Trabajo Permanente de Lima bloqueó el intento de la presidenta Dina Boluarte de cobrar S/239,674 al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Esto por un litigio laboral que se arrastra desde 2020. El fallo impide cualquier pago hasta que la Corte Suprema resuelva la casación. Lo que cierra temporalmente el paso a una transferencia que, según revelaciones periodísticas, estuvo a punto de concretarse gracias a gestiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Lo que parecía un simple litigio laboral se convirtió en un caso con tintes políticos y cuestionamientos sobre el uso del aparato estatal para beneficio propio. La demanda de Boluarte, presentada antes de su llegada a Palacio, reclamaba conceptos como aguinaldos, bonos, refrigerios y hasta canastas navideñas. Esto pese a que Reniec rechazó varios de ellos varios por considerarlos improcedentes. Sin embargo, un fallo judicial parcial a su favor abrió la puerta para que el MEF interviniera. Intentando que el pago se concretara bajo la figura de “ejecución anticipada de sentencia”.
La estrategia no prosperó. Documentos internos del MEF, revelados por el programa Panorama, muestran que el propio ministerio reconoció en 2024 que había cometido un error. Esto luego de incluir la deuda de Boluarte en una lista prioritaria de desembolsos. Ese reconocimiento no borró las dudas sobre si existió o no una intención política de agilizar el pago a la presidenta. Todo en un contexto donde la transparencia en el manejo de fondos públicos es objeto de críticas recurrentes.
El Poder Judicial, en su reciente pronunciamiento, fue tajante: mientras el caso no se resuelva en casación, no habrá desembolso alguno. Esta decisión no solo frena el cobro, sino que también pone bajo la lupa las acciones del MEF. Y además la aparente premura con la que se buscó satisfacer el reclamo económico.
Para los analistas, este episodio es una muestra de cómo un conflicto administrativo puede transformarse en un tema político de alto voltaje. Con la popularidad presidencial golpeada por las protestas y la crisis de confianza, un pago millonario en medio del litigio habría sido difícil de justificar ante la opinión pública. El fallo judicial, por ahora, evita que el caso se convierta en un escándalo mayor, pero la batalla legal y mediática está lejos de terminar.
