La sesión 52 del juicio contra Pedro Castillo por su intento de disolver el Congreso se convirtió en un escenario político inesperado. Desde el penal de Barbadillo, el exmandatario invocó a los presidentes de Colombia, Chile, Bolivia y Brasil a sumarse a una “guerra” para erradicar la corrupción y la delincuencia. Entre críticas a sus detractores, denuncias de persecución y acusaciones contra autoridades, Castillo volvió a polarizar el debate político. Esto en un momento en que la Fiscalía le acaba de sumar una denuncia constitucional por el caso ‘Los Niños’.
En un tono desafiante y con la mirada fija en las cámaras, Castillo aprovechó su intervención para presentarse como un líder injustamente encarcelado. “No se me ha probado delito alguno”, insistió, acusando al sistema judicial de mantenerlo secuestrado. Sus palabras buscaron vincular su caso a una lucha mayor contra lo que él llama “falsos patriotas” y redes de corrupción. Las mismas que, según afirmó, han operado desde el propio aparato del Estado. Y recordó episodios como el hallazgo de droga en el avión presidencial durante su gobierno.
La alocución, sin embargo, no fue bien recibida por la jueza Norma Carbajal. Esta lo interrumpió para recordarle que ese momento procesal no era para discursos políticos. Castillo, lejos de retractarse, lanzó un dardo contra las autoridades, señalando que “el pueblo no recibe a sus autoridades en una plaza”. En clara referencia al rechazo popular que enfrentan algunos políticos cuando visitan sus regiones.
Fuera de la sala de audiencias, la presión sobre el exmandatario aumenta. El Ministerio Público presentó una nueva denuncia constitucional ante el Congreso por presunta organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada. Según la tesis fiscal, Castillo habría liderado una red con la participación de legisladores de Acción Popular, conocidos como ‘Los Niños’, quienes habrían negociado votos a cambio de beneficios políticos y económicos.
Los nombres que figuran en el expediente fiscal incluyen a congresistas como Darwin Espinoza, Jorge Flores, Raúl Doroteo y Elvis Vergara, entre otros. A todos ellos se les atribuye operar dentro de un esquema que, de ser probado, no solo complicaría la situación legal de Castillo, sino que podría desatar un nuevo capítulo de crisis política en el Congreso, donde las lealtades parecen cada vez más frágiles y sujetas a negociación.
