La consejera regional por la provincia de Castilla, Natividad Taco Cueva, emplazó públicamente al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y exigió que se denuncie a la exgobernadora Yamila Osorio Delgado. Esto por presunta negligencia y abandono en la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Aplao. La autoridad advirtió que el proyecto, inconcluso desde hace una década, hoy representa una amenaza ambiental que sigue contaminando las cuencas de Majes y Camaná.
El problema se origina en un deficiente estudio de suelos realizado durante la gestión de la exmandataria regional. El mismo que provocó la instalación desnivelada de la planta y a escasos metros del río Majes. Este error estructural dejó inoperativa la infraestructura desde el inicio. Lo que ocasionó que uno de los seis componentes del proyecto de agua y saneamiento quede paralizado.
Según un informe de la Contraloría General de la República, la fallida obra de saneamiento de agua potable y desagüe para Huancarqui y Aplao generó un perjuicio económico de S/ 14 millones. Solo en el caso de la PTAR de Aplao, las pérdidas ascienden a S/ 8 millones 622 mil 524, derivadas de trabajos ineficientes y ampliaciones de plazo que no contaron con justificación técnica.
En paralelo, la Municipalidad Provincial de Castilla fue sancionada por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) debido a que no detuvo el vertimiento de aguas residuales al río. La situación se agrava porque el permiso ambiental de la planta ya se encuentra vencido. Lo que impide su reactivación inmediata sin un nuevo proceso de autorización.
La empresa de saneamiento SEDAPAR, por su parte, deslindó cualquier responsabilidad sobre el mantenimiento y solución del problema. Esto pese a que sigue cobrando a los usuarios del servicio. Taco cuestionó que equipos como generadores, filtros y tuberías permanezcan en completo abandono, sin ser trasladados a distritos donde podrían ser utilizados.
La consejera remarcó que el GRA no impulsó ninguna acción concreta para reparar o poner en funcionamiento la planta. Lo que provoca que una infraestructura clave para el saneamiento en Castilla se deteriore con el paso del tiempo. A su juicio, esta omisión prolonga un problema que afecta la salud pública y el medio ambiente.
“Es inaceptable que sigamos vertiendo aguas negras al río Majes mientras las autoridades se amparan en trámites y excusas. Se trata de una herencia negativa que no podemos seguir tolerando”, sentenció Taco, quien insistió en que la vía judicial es necesaria para exigir responsabilidades y recuperar el control de la obra.
