Mientras miles de policías activos y retirados enfrentan retrasos en sus pagos y pensiones, el Ministerio del Interior decidió redirigir recursos sensibles para adquirir 168 vehículos de lujo destinados a los altos mandos de la Policía Nacional. La compra, que asciende a más de S/17.3 millones, se ejecutó sin ficha técnica ni evaluación de inversión pública. La Contraloría ya inició una investigación sobre el proceso, tras revelarse que los fondos salieron directamente de partidas destinadas a remuneraciones y pensiones.
Según el reportaje emitido por el dominical Punto Final, la compra el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria Angulo, autorizó la compra. Y la Dirección de Economía y Finanzas de la PNP, que maneja el 90% del presupuesto policial, la ejecutó. Este organismo trasladó recursos desde el rubro de pensiones hacia la cuenta “Gastos para vehículos de transporte terrestre”. El mismo que pasó abruptamente de tener cero presupuesto a más de S/19 millones.
La adquisición incluyó 120 Toyota Corolla para coroneles, 40 Toyota RAV4 para generales y 8 camionetas Audi Q5 para tenientes generales. Y se adjudicó a las empresas Euroshop y Autoespar. Pese a su alto costo, no se tramitó como inversión pública. La PNP justificó la compra como parte del cumplimiento de su misión institucional. Aunque omitió presentar una ficha técnica que demostrara impacto en la atención ciudadana, requisito básico para este tipo de adquisiciones.
La Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la PNP alegó que no se trataba de una inversión pública. Por lo cual la operación quedó como un simple gasto de capital. No obstante, fuentes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmaron que el presupuesto originalmente estaba destinado a partidas sensibles. Estos eran sueldos, bonificaciones y pensiones del personal policial.
La Contraloría General de la República activó una investigación y desplegó un equipo técnico para verificar los detalles de la licitación pública. Los investigadores Nelly Berrio Sona y Luis Arostegui Gutiérrez fueron asignados para recopilar información del proceso. El caso ha generado indignación dentro de los propios sectores policiales, pues evidencia una desconexión entre las prioridades del alto mando y las verdaderas necesidades de la institución.
