El delito de fraude informático ha vuelto a golpear a instituciones públicas en Arequipa. La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Ciberdelincuencia inició una investigación preliminar tras denuncias separadas del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y la Municipalidad Distrital de Yura. Los casos, que ocurrieron con pocos días de diferencia, revelan un patrón común: estafadores que se hicieron pasar por trabajadores del Banco de la Nación, lograron vulnerar las cuentas institucionales y efectuar millonarias transferencias ilícitas.
El primer caso lo detectó el personal financiero de la comuna de Yura el 24 de julio. Un sujeto, haciéndose pasar por empleado del Banco de la Nación, convenció a los funcionarios de realizar supuestos protocolos para “desbloquear” una cuenta bloqueada por seguridad. Tras seguir las instrucciones, los empleados descubrieron que se trataba de una estafa. Aunque se alertó al Banco y se congeló la cuenta, ya se habían realizado operaciones por más de S/ 2 millones. La denuncia fue interpuesta ese mismo día y dio pie a la apertura inmediata de la investigación.
El segundo hecho se produjo el 21 de julio. Pero fue denunciado recién el 30 del mismo mes por una funcionaria del Gobierno Regional de Arequipa. Ella también recibió una llamada desde un número que simulaba ser del Banco de la Nación. Aunque no cayó en la trampa, días después descubrió transferencias no autorizadas por un monto superior a los S/ 700 mil. En ambos casos, la similitud del modus operandi revela una posible red organizada dedicada a estafar a instituciones públicas mediante técnicas avanzadas de ingeniería social.
La Fiscalía de Ciberdelincuencia ha dispuesto medidas urgentes. Tales como el levantamiento del secreto bancario de las cuentas receptoras de los fondos desviados, así como la identificación de sus representantes legales. Se tomará también la declaración de los funcionarios involucrados. Y se ejecutarán otras diligencias clave en coordinación con el Departamento de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (DIVINDAT). Esta unidad especializada ya ha rastreado movimientos bancarios vinculados a delitos similares en otras regiones del país.
Estos hechos reabren el debate sobre la ciberseguridad en las entidades del Estado. Muchas de las cuales aún operan con protocolos de validación débiles y escasa capacitación en prevención digital. Mientras las investigaciones avanzan, la pérdida millonaria ya está consumada. El caso podría revelar no solo negligencia funcional, sino también vacíos en la supervisión bancaria sobre operaciones sensibles que deberían ser rastreables en tiempo real.
