En un discurso con filo y memoria institucional, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rompió el silencio. Desde la tribuna del Día del Juez, apuntó directamente a Dina Boluarte: desobedecer a la Corte IDH, insinuar el retiro del Perú del sistema interamericano y promover una reforma judicial mientras enfrenta investigaciones graves, no es liderazgo, es una amenaza. Tello recordó a la mandataria —y al Congreso— que la justicia no se acomoda al poder, ni responde a conveniencias políticas.
El mensaje de Tello fue todo menos protocolar. En su intervención, denunció que el Ejecutivo está socavando los compromisos históricos del país con el derecho internacional. Cuestionó el desdén con el que se ignoró la orden de la Corte Interamericana de frenar la Ley de Amnistía. Una norma que beneficia a miembros de las Fuerzas Armadas y comités de autodefensa procesados por violaciones a los derechos humanos. «La justicia no es un juego de poder ni de conveniencia», sentenció ante una audiencia que no esperaba tanta franqueza.
Pero las críticas no se quedaron ahí. Tello fue directa al rechazar la propuesta de reforma judicial anunciada por Boluarte el 28 de julio. Recalcó que los jueces están abiertos al cambio, pero no permitirán “injerencias políticas”. Ni mucho menos reformas impuestas por quien está bajo sospecha de corrupción, muertes en protestas y otros casos. El recuerdo de los tiempos en que el Poder Judicial fue herramienta de gobiernos autoritarios sigue latente, y la presidenta del PJ dejó claro que no permitirán repetir esa historia.
En su intervención, también puso el reflector sobre el Congreso y el Tribunal Constitucional. A los legisladores les reprochó la derogación temporal de la detención preliminar, que dejó sin herramientas a los jueces para enfrentar a la criminalidad. Al TC lo cuestionó por su fallo que limita la ley de extinción de dominio solo a delitos posteriores a 2018. Una medida que, según Tello, abre la puerta a que fortunas mal habidas se blanqueen con total impunidad y sigan alimentando al crimen organizado.
Finalmente, expuso la precariedad del sistema judicial. Con solo 16 jueces provisionales atendiendo más de 15 mil expedientes en la Corte Suprema, y con el 95% de los recursos dirigidos contra el Estado, exigió a la Procuraduría revisar sus normas. Advirtió que el mismo Estado que exige celeridad judicial, es el que sobrecarga el sistema con litigios innecesarios. “La Corte Suprema no es una tercera instancia automática”, recordó con firmeza, dejando en evidencia un sistema al borde del colapso, mientras el poder político lo mira con oportunismo.
