El caso del exalcalde de Yarabamba, Manuel Aco Linares, vuelve al centro del debate judicial. Aunque confesó haber recibido sobornos, logró eludir una sanción mayor gracias a una resolución que la Fiscalía Anticorrupción considera cuestionable. La fiscal Marita Cueva ha apelado la decisión que rechazó ampliar su inhabilitación. Esto tras evidenciarse una presunta “burla” al sistema: Aco dijo que no volvería al cargo, pero luego solicitó su restitución ante el JNE.
La apelación fue presentada el 31 de julio. Apenas dos semanas después de que Aco Linares sorprendiera a la justicia con un cambio drástico en su discurso. Durante la audiencia del 17 de julio, el exalcalde aceptó públicamente las medidas restrictivas y renunció de forma verbal a toda intención de volver a ejercer funciones. Pero su posterior escrito al Jurado Nacional de Elecciones, donde no solo exigía su retorno al cargo sino que además negaba los hechos, encendió las alarmas.
Para la fiscalía, este giro no es una simple contradicción política, sino una estrategia procesal. Que además vulnera la buena fe procesal y pone en riesgo el avance del proceso penal. La fiscal Cueva ha solicitado que una sala superior revierta la resolución y amplíe por nueve meses la inhabilitación que impide a Aco ejercer cargos públicos. Además, no se descarta que, si se comprueba que quebrantó las condiciones impuestas, se solicite prisión preventiva.
El Poder Judicial tendrá que decidir si ve en las acciones de Aco un intento de manipulación o simplemente un ejercicio de derechos políticos. Sin embargo, la presión es fuerte. En Yarabamba, donde la población ya mostró su rechazo a la gestión del exburgomaestre, se teme un posible retorno que debilite aún más la confianza en las instituciones. Para muchos, un regreso sería una afrenta directa al principio de justicia.
El Ministerio Público no está dispuesto a permitir que un confeso de corrupción recupere poder político sin consecuencias claras. Este proceso marca un precedente sobre cómo se manejan las restricciones a funcionarios inmersos en delitos de corrupción. Ahora, la sala superior deberá pronunciarse no solo con base en argumentos legales, sino con el peso de una ciudadanía que observa expectante.
