Abg. Arturo Montesinos Neyra. Analista político
El proyecto de la represa Iruro, destinado a beneficiar a los distritos de Bella Unión y Acarí (Arequipa), así como a San Juan de Lucanas (Ayacucho), constituye un caso paradigmático de cómo la articulación entre niveles de gobierno puede transformar décadas de paralización en avances concretos. Desde su formulación inicial en 1982 hasta su reactivación en 2025, las municipalidades de estos distritos no fueron actores pasivos. Por el contrario, jugaron un rol sostenido, aunque desigual, en la promoción, viabilidad territorial y presión política del proyecto. Su participación evidencia la importancia de los gobiernos locales en iniciativas de irrigación de alcance interregional.
Los estudios preliminares realizados en los años ochenta ya consideraban a las municipalidades de Bella Unión, Acarí y Lucanas como entidades involucradas. En el “Estudio de Perfil” del proyecto (2006), se reconocía su responsabilidad en la organización de usuarios, la facilitación de acceso territorial y el mantenimiento de la infraestructura menor (Autoridad Nacional del Agua-ANA).
La reactivación del proyecto en 2023, a partir de la aprobación del expediente técnico por el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI), y la participación de La Municipalidad de San Juan de Lucanas, por ejemplo, fue clave al formalizar la entrega del terreno para la presa en mayo de 2025, con participación directa de su alcalde Alips Canales. En el caso de Bella Unión, la gestión se sumó a la supervisión técnica y apoyo logístico para los trabajos de campo. Por su parte, Acarí, articuló esfuerzos con la Junta de Usuarios.
La experiencia de Iruro muestra que cuando los municipios no son tratados como simples ejecutores de políticas ajenas, sino como actores territoriales con legitimidad local, pueden desempeñar funciones estratégicas. Y sirven como plataforma para canalizar demandas históricas de manera coordinada. La presión ejercida por estas municipalidades, especialmente la de San Juan de Lucanas, junto con la sociedad civil y los usuarios de agua, fue crucial para que el Ejecutivo destrabara una obra de más de cuatro décadas de espera.
La participación de las municipalidades de San Juan de Lucanas, Acarí y Bella Unión, en el proyecto de la represa Iruro no ha sido uniforme ni lineal. Pero sí determinante en momentos claves. Su papel revela que los gobiernos locales, cuando articulan intereses comunes y se posicionan como intermediarios legítimos entre el Estado y la ciudadanía, pueden incidir en decisiones de gran impacto regional. La ejecución en marcha no sólo es el resultado de decisiones técnicas y presupuestales, sino también del esfuerzo político y social desplegado desde los territorios que más necesitan el agua.
